Diciembre de 2003. El entonces jefe provincial de Tráfico, Antonio Carrasco, denunció ante la Guardia Civil la posible manipulación de expedientes sancionadores y presunta implicación de funcionarios.

29 octubre de 2004. Se llevan a cabo las primeras detenciones. Se trata de tres funcionarios y el juez de guardia, tras tomarles declaración, decreta prisión provisional solo para el jefe de Sanciones, que saldría en libertad siete días después.

Noviembre de 2004. El juzgado número 2 se hace cargo de la investigación.

Enero de 2006. El juez concluye la instrucción y remite el procedimiento a la fiscalía para calificación.