La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los colegios profesionales de Abogados y Procuradores de la provincia de Cáceres firmaron ayer un convenio de colaboración por el que acogerán en sus sedes a cuatro condenados penales que cumplen su condena con trabajos en beneficio de la comunidad.
El Colegio de Abogados, en concreto, acogerá a tres personas para realizar trabajos en la biblioteca, administrativos o de gestión, y el Colegio de Procurados ofrece una plaza. Así, el decano del Colegio de Abogados, Carmelo Cascón Merino, aseguró que "estas personas tienen derecho a una rehabilitación lo más inmediata posible en un centro de trabajo adecuado, para que cumpla aquella sanción impuesta y se reintegre en la sociedad".
Por su parte, el director del Centro Penitenciario de Cáceres, José Pedro Rejas, destacó la importancia de que colaboren las instituciones públicas y privadas porque cada vez hay más sentencias ejecutorias y se ven "impotentes de llevarlas a cabo". Asimismo, aseguró que en la provincia de Cáceres hay 506 penados que están cumpliendo su condena y 100 están a la espera de conseguir una ubicación.
En cuanto a los recursos disponibles, Rejas informó que 231 ayuntamientos de la provincia ya firmaron acuerdos similares con Instituciones Penitenciarias. El consistorio cacereño tiene el mayor número de plazas, con un total de 22, de las cuales 12 están ocupadas y el resto en trámite. Además hay 22 asociaciones, 12 instituciones públicas y 13 ONGS que también colaboran.
La subdirectora del Centro de Inserción Social, M Angeles Sánchez, recordó que si las instituciones no colaboran y estas personas no pueden cumplir las penas "por nuestra mala gestión, les puede llevar a una pena privativa de la libertad".
