El drama de Latifa Benmoussa y sus dos hijos podría haber escrito una página más de sucesos del periódico, al menos eso es lo que cuentan tres de sus vecinas. Al contrario de lo que ocurriera en la tragedia de Ponteareas (Pontevedra), por la muerte de un niño de 2 años de inanición y el ingreso en estado grave de su hermana de 3 años, Latifa Benmoussa y sus hijos sí han tenido quien los salve. El caso de Pontevedra conmocionó al país a finales de septiembre no sólo porque haya víctimas del hambre en una sociedad que se dice desarrollada, sino porque ocurrió ante la impasibilidad del pueblo.

Las vecinas de Latifa Benmoussa no han mirado para otro lado, pero denuncian que quienes sí lo hacen son las administraciones y algunas onegés a cuyas puertas llevan tres meses llamando sin obtener una solución definitiva y rápida. "Son todas buenas palabras, pero no hacen nada", critica Concepción González.

Versión municipal

La versión institucional es otra. La concejala de Asuntos Sociales, Basilia Pizarro, asegura que la trabajadora social del barrio "está haciendo un seguimiento del caso" y que en ningún momento esta mujer ha estado "desatendida y menos con menores". Sostiene que su situación es "más delicada" de lo que parece a simple vista, pero que es algo de lo que no puede hablar públicamente.

Pizarro confirma que las ayudas se han solicitado, pero que se está a la espera de que la mujer complete la documentación. "Latifa lleva muchos años en Cáceres y no es nueva en los servicios sociales, conocemos su caso", declara la edil, que critica asimismo a las vecinas. "Las cosas no son como ellas las cuentan y se están metiendo en un asunto que no es de su incumbencia".

Concepción González, Mari Angeles Alonso y Olga Lires cuentan otra historia. Mari Angeles Alonso fue la primera en conocer la situación de Latifa Benmoussa. Su exmarido y padre de los pequeños, con el que a pesar de la separación había vuelto a convivir, les abandonó en julio. Ella recurrió a las asistentes sociales pero no le daban ayuda inmediata y no sabía adónde más acudir. "Si no hubiera sido por ellas, nos hubiéramos muerto de hambre", reconoce agradecida. Su irregularidad es otro obstáculo. Entró en España de forma legal y con empleo, pero dice que le robaron los papeles y ahora no hay modo de legalizar su situación.

Pronto se corrió la voz en la plaza 1º de Mayo. Estas tres mujeres, el presidente y la abogada de la comunidad donde vive de alquiler, otros vecinos, la parroquia de San Juan, todos han contribuido con pequeñas cantidades de dinero, con ropa, comida, un frigorífico, un calentador de agua, cristales para las ventanas y hasta colchones donados por Reto. Estas mujeres no denuncian ahora el caso porque quieran un reconocimiento, sino porque "estamos hartas de que no le resuelvan nada", dice Olga Lires.

Ni siquiera han podido encontrarle empleo. "En cuanto decimos que es marroquí nos dan largas". Cuentan que la Casa de la Mujer le ofreció un puesto de interna en Montánchez, pero los niños debían ingresar en un centro "y, como madre, no quiere separarse de ellos". Su temor es que puedan llegar a quitárselos, pero sus vecinas dicen estar ahí para evitarlo.