EL TRIBUNAL Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado por no ser ajustada a derecho la resolución de la Consejería de Vivienda de la Junta de Extremadura de 26 de noviembre de 2011 por la que se acordó el desahucio de una mujer de 74 años víctima de malos tratos. La mujer, indica la sentencia, se encontraba en régimen de alquiler de una vivienda pública y la Junta le requirió el pago de 251 recibos que ascienden a 10.397 euros. Según Efe, la recurrente ha alegado sobre este aspecto prescripción y señala que ha pagado "voluntariamente", además de los recibos que van venciendo, otros de años "muy pasados como 1997". En la demanda se expone su situación personal. Tiene una pensión de 357 euros, sin familia y víctima de malos tratos de su marido ya fallecido. La sala aplica en este caso la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura y señala que "entendiendo que lógicamente un requerimiento por una cantidad tan superior respecto de la debida, a la vista de que la prescripción debe practicarse de oficio por parte de la administración, determina que se vicie de nulidad absoluta al procedimiento".
