La Audiencia Provincial condenó ayer al que fuera gerente del matadero municipal entre los años 2014 y el 2017, Clemente C. S., a dos años de prisión por un delito contra la Tesorería General de la Seguridad Social. Se le condena por no abonar las cuotas de los trabajadores (tenía una quincena) ni la del régimen de autónomo correspondientes a esos ejercicios. El acusado consiguió la adjudicación del matadero por un concurso público que convocó el ayuntamiento, al que se presentó en nombre de la empresa Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne (Acicar), de la que él era el único administrador. Llevaba, por tanto, todas las gestiones relativas a la contabilidad y las obligaciones fiscales, sin que conste que el resto de miembros del consejo interviniesen en los hechos por los que se le ha juzgado. La condena por tanto es doble, por un lado a él como persona física y a la mercantil que él gestionaba.
En realidad la sociedad se hizo cargo del matadero municipal desde que se pusiera en marcha, en el año 2001, pero entonces estaba gestionada por otros administradores. En el año 2014 la Junta de Extremadura decretó el cierre de las instalaciones debido a las deficiencias y por la acumulación de deudas con Hacienda y la Seguridad Social, que superaban los 150.000 euros. La única salida que encontró entonces Acicar fue venderla a uno de sus socios, Clemente C. S. (ahora acusado), a un precio simbólico (39 céntimos), con el convencimiento de que se haría cargo de las deudas. No fue así porque dos años después Hacienda embargó a los antiguos socios, que le denunciaron.
Por lo que se le condena ahora es por lo que defraudó justo después de que se hiciera cargo de la Asociación de Industriales de la Carne, es decir entre 2014 y 2017, tiempo en el que también gestionó el matadero (dejó la concesión en agosto del 2018). Según reconoció ayer ante la sala en ese periodo no presentó ninguna documentación relativa a la cotización de sus empleados a la Seguridad Social, lo que le llevó a contraer una deuda de 251.345 euros. A lo que se suman otros 15.129 euros más, que son los que debe al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) porque tampoco abonó las cuotas correspondientes.
La investigación se inicia precisamente ante las sospechas de la Seguridad Social de que las declaraciones que presentaba el acusado no se correspondían con los trabajadores que tenía en plantilla ni con las transacciones que realizaba a través de la empresa. Ocultaba información para que no se conociera la gran parte de los movimientos laborales, ventas e ingresos que realizaba a través de la Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne. Ante estas anomalías la Seguridad Social optó primero por requerir a Clemente C. S. toda la documentación que faltaba así como los datos de contabilidad de la empresa, pero desoyó las peticiones.
SE ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN / Ante la falta de colaboración los inspectores practicaron una exhaustiva investigación a través de la que se pudo comprobar que la mercantil no presentaba las cuentas anuales desde el año 2008, a pesar de que continuaba con su actividad normal teniendo trabajadores dados de alta y llevando a cabo ventas de cantidades importantes. Durante dicha investigación el acusado ha negado muchos de los datos solicitados por lo que hasta el momento ha sido imposible, por ejemplo, el embargo de sus bienes ante el impago de la deuda. Esto ha llevado a que la Seguridad Social le haya abierto también un expediente por «obstrucción» a la actuación tanto de la Inspección de Trabajo como de la Seguridad Social.
Ayer tenía que haber sido juzgado en la Audiencia Provincial de Cáceres pero finalmente la vista no se llevó a cabo al reconocer el acusado los hechos y alcanzar un acuerdo con el Ministerio Fiscal en cuanto a la pena a cumplir. Así será condenado a dos años de prisión (la Fiscalía le pedía cuatro años por lo que, a través de este acuerdo, ha conseguido eludir la cárcel) y a pagar entre indemnizaciones y multas casi 735.000 euros. En concreto la multa asciende a 517.819 euros (266.474 euros impuestos a él como persona física y el resto como responsable jurídico de la Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne). A esto se suma la responsabilidad civil que asciende a 266.474 euros y que deberán pagar tanto él como su mercantil de manera subsidiaria a la Tesorería General de la Seguridad Social, por las cuotas no satisfechas tanto de los trabajadores como al régimen de autónomo.
La indemnización la abonará en cinco años a razón de 4.421 euros mensuales. En caso de considerarse insolvente para hacer frente a las multas, se le aumentará en 45 días la pena de cárcel, lo que podría conllevar su entrada en prisión. Además no podrá obtener subvenciones o ayudas públicas o gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante once años.
