El edil del PP, José Joaquín Rumbo, pidió ayer en la comisión de Urbanismo información sobre la concesión de licencias a locales comerciales y de ocio (bares, restaurantes, comida ...) del centro deportivo del Perú. El edil de IU, Santiago Pavón, llegó a pedir todo el contenido del expediente y responsabilizó al anterior ejecutivo municipal de que los locales no tengan aún licencia. El concejal de Foro Ciudadano, Felipe Vela, solicitó al gobierno municipal que agilice la concesión de la licencia de apertura de los locales para regularizar su situación y evitar mayores responsabilidades del consistorio.

La alcaldesa, Carmen Heras, no detalló en qué situación se encuentra la concesión de licencias. Los usos comerciales y de ocio están permitidos desde hace un año.

El debate de ayer en la comisión se produce después de que por parte del abogado Santiago Hurtado, representante de uno de los arrendatarios de locales de este centro, se confirmase que la Audiencia Provincial de Cáceres ha resuelto recientemente que ve indicios de engaño y que se debe celebrar el juicio contra los representantes de la entidad Perú SL, Victoriano Roncero y Pedro Rodríguez Santano, por presunta estafa. Roncero declinó ayer hacer valoraciones y esperará hasta que haya una decisión judicial.

ANTECEDENTES El centro del Perú se diseñó sobre terrenos que en un principio solo eran aptos para las instalaciones deportivas. Las obras comenzaron y la corporación anterior inició el trámite administrativo para ampliar los usos y que se pudiesen abrir locales comerciales y de ocio, ya que el centro también se proyectaba con estos servicios complementario. El pleno de la corporación acordó la modificación del plan de urbanismo en octubre del 2006, el expediente pasó por la comisión regional de Urbanismo en mayo del 2007 y la Junta no concedió la autorización definitiva para los nuevos usos hasta marzo del 2008. El centro se inauguró en mayo del 2007. Las obras fueron por delante de la resolución final de la modificación.

Lo que desencadenó la actual situación, con el asunto en la vía judicial, fue el hecho de que el ayuntamiento denegó la licencia de apertura al gerente de Aries, uno de los establecimientos subarrendados en El Perú. Este hecho llevó al afectado a presentar, en enero del 2008, una querella por presunta estafa contra Roncero y Santano. La causa recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4, cuyo titular acordó su archivo diez meses después, en noviembre pasado.

El empresario afectado no cedió y presentó un recurso contra el archivo del Juzgado ante la Audiencia, que ahora le ha dado la razón, al resolver en el auto dictado al efecto que en este caso el juicio por presunta estafa se debe celebrar. La causa se encuentra ya en el tribunal competente, el Juzgado de lo Penal de Cáceres, pendiente de su tramitación y de que se señale la fecha para el juicio.