La Unión Temporal de Empresas (UTE) que comenzó la construcción del nuevo hospital, formada por Placonsa, FCC y Joca, reclama a la Junta de Extremadura 28,6 millones de euros por los daños que supuso la restricción del contrato en el año 2013. La resolución la llevó a cabo el gobierno de José Antonio Monago debido a que, según justificó entonces el consejero de Sanidad, Luis Alfonso Hernández Carrón, la empresa reclamaba un modificado de 9 millones de euros sobre el proyecto inicial y ya había reclamado 9 millones más con anterioridad.

La constructora acudió a los tribunales (primero al contencioso 1 de Mérida y después al TSJEx) que estimaron que la resolución del contrato no se ajustaba a derecho porque la administración sobrepasó el plazo de tres meses para notificar la resolución y el expediente caducó y porque no se puede imputar a la UTE el retraso en la ejecución de la obra. El fallo también obligó a la Junta a devolver las garantías y avales incautados a la Unión Temporal de Empresas y pagar los intereses legales de las cantidades ejecutadas. Además dejó sin efecto la liquidación derivada de la resolución del contrato, que arrojó un saldo a favor de la administración de 5,02 millones de euros y en la que se acordó la incautación de los avales de acopios hasta 1,1 millones de euros.

Lo que hace ahora la UTE es reclamar una indemnización por los daños que produjo a las tres empresas la disolución de dicho contrato. Perjuicios tanto económicos como de reputación. Según explica el abogado de la constructora, Juan María Calero, al rescindirse el contrato la UTE tuvo que liquidar con las subcontratas y porque la Junta prohibió que FCC, Joca y Placonsa pudieran contratar con la administración regional durante un año. «Han mantenido esa prohibición al menos hasta junio del 2019 (debía haber terminado en abril del 2017). El daño reputacional por el buen nombre de las empresas es enorme, son empresas que trabajan en el ámbito internacional», subraya el letrado.

Por el momento se ha presentado una reclamación administrativa a la Junta de Extremadura para solicitar dicha indemnización (la documentación se entregó el pasado mes de julio). En caso de no recibir respuesta o de no llegar a un acuerdo en cuanto a la cantidad a pagar, la UTE acudirá de nuevo a los tribunales. Por su parte la Junta de Extremadura aclara que los servicios jurídicos estudian aún la petición por lo que «hasta que no elaboren el informe no se tomarán decisiones».