Varios juzgados de Cáceres instruyen ya diligencias por los delitos derivados de la reciente duplicación de tarjetas de crédito detectada en diferentes entidades financieras de la ciudad y por la que se han visto afectados más de 70 cacereños, con pérdidas económicas que oscilan, en cada uno de los casos, entre los 900 y los 1.800 euros.

En el juzgado número 1, que era el que se encontraba de guardia en las fechas en que las denuncias fueron presentadas --entre el 1 y el 8 de febrero--, se centra el grueso de esta causa, ya que al mismo han llegado más de 40 denuncias, pero también en otros juzgados de la ciudad, como el número 2, se instruyen diligencias por este caso.

Dos son los delitos que se derivan de los hechos denunciados: el de falsificación y el de estafa, y que se imputarán a sus autores, presuntamente una banda de rumanos que está actuando en diferentes puntos de España.

POSIBLE DERIVACION El proceso judicial está, de momento, muy en sus inicios y pendiente de los resultados que se vayan obteniendo en las investigaciones policiales, pero la opinión de los jueces cacereños es que se derivará a Madrid, al Juzgado Central de Instrucción, al ser competente en este caso la Audiencia Nacional. Así lo considera Federico Alba, titular del Juzgado de Instrucción número 1, quien explicó ayer a EL PERIODICO las razones por las que se prevé que este asunto llegará a Madrid.

En primer lugar, indicó, porque el delito de falsificación de tarjetas de crédito está considerado un delito de falsificación de moneda, "que el Código Penal castiga con entre 8 y 12 años de prisión y en el que es competente la Audiencia Nacional y, por tanto, corresponde su instrucción al Juzgado Central de Instrucción y no a los juzgados de instrucción ordinarios".

Y en segundo lugar, porque si los autores han operado en territorios de distintas audiencias provinciales, "como así parece que ha ocurrido, pues de hecho en Extremadura han actuado tanto en ciudades de Cáceres, como de Badajoz", también compete a la Audiencia Nacional.

No obstante, matizó Federico Alba, por el momento habrá que esperar a los resultados de la investigación policial, "porque también es preceptivo conocer como se ha cometido el hecho para poder darle una calificación jurídica". Y además, añadió, en el caso de que no se detenga a los culpables se plantea un problema jurídico, el de determinar quién sufre las consecuencias de esta estafa monetaria, las entidades financieras a las que pertenecían las tarjetas clonadas o los clientes titulares de las mismas y que se han visto afectados.