No tendrán las casas esperadas y que tanto deseaban, pero al menos podrán recuperar el dinero que en su día entregaron para ellas. La Justicia ha fallado a su favor, condenando a la promotora de las viviendas que adquirieron, y de las que no se han llegado a construir ni los cimientos, a devolverles las cantidades entregadas y, además, a indemnizarles por los daños y perjuicios causados.

Tras más de seis años de espera y desesperación, dos de las muchas familias que allá por el 2003 hicieron una importante entrega de dinero para reservar una de las casas adosadas que la Sociedad Cooperativa Pablo Iglesias de Cáceres tenía intención de construir en la ciudad, en la finca denominada ´La Moraleja´, cerca del campus universitario, han ganado la dura batalla que decidieron emprender contra ellos.

Ante la falta de ejecución de sus viviendas, y la negativa de los responsables de la citada cooperativa a devolverles los casi 27.700 euros que a cuenta de sus viviendas les habían entregado cada uno, Jesús B. y Emilio F., representados por la abogada Elena Nevado, decidieron acudir a la Justicia para, al menos, recuperar su dinero.

"Nos hemos quedado sin la casa que queríamos y, además, sin posibilidades en estos momentos de comprar ninguna, pero al menos la Justicia nos ha dado la razón y confiamos en poder recuperar nuestro dinero, pues de momento no nos lo han devuelto, y eso que ya han pasado casi cuatro meses desde que el juez dictó sentencia a nuestro favor", comenta a este diario Raquel, esposa de Emilio.

Demanda estimada

Fue el 19 de octubre pasado cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Cáceres dictaba su sentencia. En ella se estima la demanda formulada por Jesús B. A. y Emilio M. R. contra la Sociedad Cooperativa Limitada Pablo Iglesias; se declara resuelto los contratos de compraventa suscritos entre las partes los días 23 de julio y 17 de noviembre del 2003 respectivamente; y se condena a la cooperativa a abonar a Jesús B. 27.651,12 euros y 27.652,74 a Emilio M. por la resolución de los contratos.

Y también se condena a la cooperativa a indemnizarles con 4.000 euros por los daños y perjuicios causados, con aplicación, se añade, de los intereses legales desde el 4 de febrero del 2009.

En la sentencia se hace constar que "no es razonable en modo alguno que aún, en el momento presente, no solo no se hayan iniciado las obras, sino que ni siquiera se haya obtenido la recalificación urbanística de la finca, circunstancia que, con independencia de cualquier consideración que pudiera efectuarse sobre la causa de esta situación, no es imputable al comprador, al que le asiste el derecho de resolver el contrato por insatisfacción, y a quien no se le debe siquiera sugerir (menos aún obligar) a que opte por otra vivienda en otra urbanización que pudiera promover la cooperativa".

Añade el juez que "el más que dilatado lapso de tiempo transcurrido desde la suscripción del contrato privado hasta la actualidad sin que se hayan iniciado las obras autoriza a afirmar el fracaso del contrato, la frustración de su finalidad y, en suma, la resolución del indicado negocio jurídico".

Por todo ello, declara el derecho de los demandantes a recuperar su dinero y a ser indemnizados.