Vergeles: «En Cáceres no está pasando nada más que no pueda pasar en otros hospitales»

-Cuando se puso al frente de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales afirmó que la situación era «mala» ¿cómo se ve ahora?

--Infinitamente mejor en el aspecto económico porque hemos sido capaces de arreglar la deuda comercial con los proveedores del SES. Está mejor en cuanto a listas de espera porque en 2016 hemos conseguido que la mayoría de esos 100.000 pacientes que estaban sin cita ya los hayamos incorporado. Y en la lista de espera de dependencia hemos pasado de incorporar a este derecho a una media de dos personas por día a cuatro personas. Además hemos sido capaces de activar mecanismos para que los desahucios por no poder pagar ya no sean portada en los medios. El balance solo puede ser positivo respecto a lo que nos encontramos aunque queda muchísimo que hacer.

-¿Y qué está pasando en el Área de Salud de Cáceres? Hace tres semanas cerraron quirófanos por moscas, la semana pasada fueron los contagios de hepatitis C, se han caído techos, una avería causó desabastecimiento de sangre…

--No está pasando nada más que no pueda pasar en otros sitios de España, con matices. Porque hay una falta de mantenimiento de años en los edificios que está llevando a tener más problemas de los deseables. No porque sí se caen techos y no porque sí hay un mal cierre de ventanas que provoca que puedan entrar insectos en quirófanos.

-¿Pero vieron que esos problemas podían producirse? ¿No se hizo nada hasta que pasaron?

--Al mantenimiento preventivo de las instalaciones en el SES en general no se destinaron más de tres millones de euros entre el 2013 y el 2014. Y solo en este ejercicio económico y únicamente para el Área de Salud de Cáceres hemos tenido que destinar más de 1,2 millones. Hemos estado a punto de que se caigan voladizos en la entrada del hospital San Pedro de Alcántara, hemos tenido que hacer intervenciones en la zona de Urgencias de ese hospital y mejorar todo lo relacionado con techos y sistema de conducción de agua en los dos hospitales de Cáceres...

-En Cáceres se piensa que se han abandonado los hospitales actuales por la obra del nuevo.

--Pudiera parecer que en la anterior legislatura, como se iba a construir un nuevo edificio del hospital de Cáceres, no merecía la pena hacer mantenimiento en los otros hospitales. Y ahora nosotros estamos haciendo el nuevo edificio sin dejar de invertir en el mantenimiento. Pero parece que hubiera una campaña orquestada para desprestigiar la sanidad pública.

-Pero los problemas que se han producido allí parecen evidenciar también un problema de gestión.

--La culpabilidad se determinará cuando se hagan todas las investigaciones y auditorías que estamos realizando y vamos a realizar en los hospitales de Cáceres. Pero le doy un dato sobre lo que se ha denominado como plaga de moscas: en la legislatura anterior hubo 80 alertas de atención sobre distintos tipos de insectos, e incluso sobre murciélagos, en el Hospital San Pedro de Alcántara. De ellas, más de diez afectaron a los quirófanos y sin embargo ¿alguien salió a decir algo? ¿los gestores tomaron la responsabilidad de parar la actividad porque se había roto la cadena de seguridad y averiguar qué había pasado? Me hubiese gustado que la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, adoptara el papel protagonista que está adoptando en esta legislatura.

-Ha sido muy crítico con ella después de que transmitiera su preocupación al presidente Vara.

--Es que cuando ocurrió el problema de la legionelósis en Cáceres, un problema que se transmite por el aire, esta consejería podía haber creado alerta y haber dicho a los cacereños que reclamaran al ayuntamiento que actuara y clausurara lo que podría ser el foco del contagio. Pero lo que hicimos fue buscar soluciones y gestionar una crisis de primera magnitud en salud pública. Y hoy lo puedo decir porque la situación ha pasado. Y lo hicimos sin generar alarmismo. Eso es política responsable. Respecto a la hepatitis C, desde el primer momento se notificaron los contagios porque es una enfermedad de declaración obligatoria, los gestores del área sanitaria asumieron la responsabilidad de investigar qué estaba pasando y extremaron las precauciones. La gestión de esta consejería ha sido de responsabilidad y me parece irresponsable alertar a la población general cuando no hay riesgo de contagio para ellos.

-Pero sí que parece lógico que la sucesión de acontecimientos genere inquietud en la población.

--Lo entiendo y yo pido disculpas. Pero me gustaría que los responsables políticos respeten el trabajo de los profesionales del área de salud, que se dejan la piel por la calidad de esos hospitales que hoy pueden estar en cuestión por hacer declaraciones muy a la ligera.

-Y en la obra del nuevo hospital, ahora una sentencia da la razón a la UTE que inició los trabajos y el SES deberá devolver unos 5 millones de euros ¿puede afectar eso a los trabajos en marcha?

--La sentencia desmonta la judicialización que el PP hizo para paralizar la obra del hospital de Cáceres, y por cierto, sin que la alcaldesa de la ciudad dijera nada. Y ahora, del dinero de todos los extremeños vamos a tener de indemnizar a las empresas con millones de euros. La sentencia es diabólica.

-¿Se pueden ver comprometidas inversiones? Porque esa indemnización debe salir de algún sitio...

--Vamos a buscar lo mejor para los extremeños y que el daño sea el menor posible. Y eso pasa por abrir una vía de diálogo con las empresas, que lo hemos hecho ya, y en función de cómo vaya actuaremos en la negociación o por la vía judicial contra lo que haya que actuar.

-¿Pero actuarán por la vía judicial contra el gobierno de Monago?

--Contra el gobierno anterior, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, nos reservamos cualquier acción que tengamos que acometer.

-¿Y estarán, como han dicho, los primeros pacientes en el nuevo hospital a finales de 2017?

--En eso estamos.

-¿Y la segunda fase, cuándo?

--Teniendo una sentencia con indemnizaciones millonarias, me permitirá que no me pronuncie sobre la segunda fase con ligereza. Mi obsesión ahora es poner en marcha la primera fase, trasladar los servicios quirúrgicos allí y llevar los servicios que queden en el Virgen de la Montaña al Hospital San Pedro de Alcántara. Hablar de la segunda fase a tontas y a locas en enmiendas parciales cuando hay esa sentencia… Primera fase ocupada y la segunda fase vendrá, pero vamos a centrarnos en intentar arreglar el problema de la sentencia y el problema de seguridad organizativa del complejo de Cáceres.

-La falta de personal y la temporalidad es una queja continua y parece que finalmente en 2017 se convocarán oposiciones en el SES

--Las habrá, después de haber arreglado el desaguisado de las oposiciones de 2011 y el de las bolsas de interinos que se pactaron en el 2013 y de la que no se habían abierto más que 5. En este año hemos abierto 88 y en el primer trimestre del 2017 acabaremos de abrir todas. Entonces también habrá una información más clara del calendario de oposiciones, que se empezarán a convocar y esperamos que algunas categorías menos numerosas puedan ser ese año.

-¿Haber limitado la jubilación a 67 años no puede complicar afrontar la oleada de jubilaciones que se prevén en los próximos años?

--Si se ha planteado la jubilación forzosa a los 67 años es porque, tras varios estudios de demografía del personal sanitario, con esa edad se cumple el equilibrio entre experiencia e incorporación, salvo especialidades en las que podemos tener problemas.

-Pero CSIF y Simex lo han recurrido. ¿Hay alguna posibilidad de volver a la jubilación a los 70 años?

--Me sorprende el recurso de CSIF porque ellos estuvieron en el pacto del plan de ordenación cuando la jubilación era casi forzosa a los 65 años. Pero no nos cansaremos de negociar en la mesa sectorial.

-En el puente de la Constitución-Inmaculada se habló mucho de cierre o no cierre de consultas y servicios ¿Cómo está la situación para los día centrales de Navidad?

--Con normalidad, como fue en el puente. No hubo cierre de hospitales ni servicios en el puente. No se cerró ninguna planta, no se cerró ningún quirófano y solo se reprogramaron consultas porque los profesionales sanitarios tienen derecho a sus días libres y los pacientes tampoco acuden en esa época a las consultas. Hemos hecho más de 4.500 contratos en este último trimestre para normalizar la actividad en el puente y en la época navideña.

-Aunque no es algo que afecte estrictamente el mapa sanitario, ¿se prevén cambios en las urgencias rurales en 2017?

--Puede haber alguna modificación pero no lo creo y se verá con los consejos de salud de zona.

-Las unidades Infanto-Juveniles reivindican que el plan de salud mental en revisión incluya más medios para detectar los trastornos a edad temprana ¿Está esa cuestión sobre la mesa?

--Sí que está. De forma general apostamos por las unidades de salud mental, y también por las unidades específicas Infanto-Juveniles, porque con la detección de muchos problemas a esas edades, la resolución del problema y la respuesta al tratamiento es mejor y además no se cronifican. Es una apuesta decidida la de dotar de más unidades de salud mental Infanto-Juveniles a la región y de más medios a las unidades Infanto-Juveniles que ahora están.

-En cuanto a dependencia, dice que se ha pasado de una media de incorporación de 2 personas por día a 4 personas por día. ¿Lo deseable no sería acabar con la lista de espera?

--Hemos incorporado a 14 personas al ámbito de la valoración y para el próximo año estará el programa de coordinación para que la valoración se haga a través de los servicios de atención básica, porque eso lo va a agilizar muchísimo. Pero no nos podemos hacer trampas al solitario y hay un problema económico que es que la comunidad autónoma está aportando el 87% de la financiación de la atención de las personas en situación de dependencia, frente al 13% que aporta el Estado, cuando la ley de dependencia establecía un 50%-50%. Yo he reclamado ya un pacto de Estado por la dependencia que devuelva ese equilibrio. Porque de otro modo, la ley de dependencia tiene muchos visos de insostenibilidad.

«Estamos ultimando un convenio con el TSJEx para actuar en posibles desahucios»

-Dice que han conseguido que los desahucios dejen de ser noticia. Pero continúan...

--Hemos abierto una mesa de negociación con las entidades financieras para que nadie que no pueda pagar se quede en la calle, hemos realizado un estudio minucioso del parque residencial de Extremadura para saber cuántas viviendas vacías hay, y hemos puesto en marcha el sistema de intermediación bancaria. Además, estamos ultimando un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que nos va a permitir conocer los datos de los posibles lanzamientos y así poder actuar, y estamos llegando a acuerdos con la Sareb para que destinen a alquiler social un porcentaje de las viviendas que tienen en la región. Estamos consiguiendo que las personas puedan acceder a un derecho constitucional.

-¿Pero cuántos desahucios se han llevado a cabo en 2016?

--No lo puedo decir, porque no hay ningún dato que indique cuántos desahucios se han producido en personas que no pueden pagar. Tendría que remitirme a los datos el Consejo General del Poder Judicial y en ellos no se discrimina si son fincas rústicas o viviendas. Sí le puedo decir que se ha intermediado en 129 casos y que de ellos, en un porcentaje muy alto, en más de 80 casos, se ha conseguido una reestructuración de la deuda. El resto están en proceso.

-La ley de emergencia social que tramitan es un proyecto, a priori, muy ambicioso. ¿cuándo estará en marcha?

-- Ya pasó el debate de totalidad y en el próximo periodo de sesiones esperamos poder llegar a algún tipo de acuerdo con Podemos sobre este tema.

-¿Sancionarán a quienes retengan viviendas vacías?

--Siempre digo que esta es una ley que sacamos para ver si no se necesita cumplir, pero que sepan las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de esas entidades, y la sociedad de activos Sareb, que esa ley está ahí para cumplirse si llegase el momento que se tuviese que cumplir. Que habrá sanciones y que nos quedaremos con el usufructo de la vivienda durante un tiempo. Que no lo dude nadie. Aunque si seguimos en la senda de la intermediación bancaria y de que las entidades financieras pongan a disposición de las personas alquileres asequibles y todos tenemos buena voluntad, no será necesario que apliquemos la ley.