El acuerdo de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida para la reversión al ayuntamiento de servicios que estén en concesión y cuyo contrato finalice tiene dos condiciones: que sea viable tanto técnica como económicamente.

IU, que estima que es factible la reversión de la gestión del agua, ha advertido de que se consideraría fuera del gobierno si la gestión se vuelve a adjudicar a una empresa cuando finalice el contrato actual con Canal.

Una vez salvado la aprobación del presupuesto, la discusión entre PSOE e IU cuando en unas semanas se resuelva el futuro del servicio girará en torno a esas dos condiciones: si técnicamente es posible (las instalaciones son municipales) y si lo es económicamente, punto en el que estará la solución al futuro del servicio.