El proyecto del ensanche de Mira al Río, que ha supuesto un coste de 2.400.000 euros --el 75% financiación europea-- y se inició en enero del 2005, ha pasado por múltiples vicisitudes. En sus inicios surgieron opiniones dispares, desde las de quienes lo alababan y lo valoraban muy positivo por los beneficios que supondría para el tráfico en la zona; a las de los que lo criticaban, no porque no lo consideraran necesario, sino por estimar que por las prisas se estaba incurriendo en irregularidades; pasando por las de los afectados que se mostraron en desacuerdo con los derribos o los justiprecios fijados para las indemnizaciones.
Hasta que en noviembre del 2005 se abría por fin parte del nuevo eje Mira al Río-San Roque, se habían tenido que soportar procesos judiciales de los afectados en desacuerdo, como la familia Salas; paralizaciones, como la ordenada por la Junta de Extremadura poco después de iniciarse las obras al aparecer en la zona restos arqueológicos... Todo se fue superando y poco a poco los 11 inmuebles a los que afectaba el proyecto iban desapareciendo y la vía se hacía más transitable, tanto para el tráfico como para los peatones. A principios del 2006 la obra se finalizaba, pero no todo lo derivado de la misma, como prueba la nueva sentencia del TSJEx.
