El macro juicio del clan de Los Hilarios de Cáceres, en el que se juzga a 20 hombres y 10 mujeres acusados de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y falsedad documental, ha quedado hoy visto para sentencia y la Fiscalía mantiene las penas de prisión que suman 400 años de cárcel400 años de cárcel en total.
También se les imputa la tenencia ilícita de armas, cohecho, revelación de secretos y la pertenencia a una organización criminal.
El juicio se inició el 4 de febrero en la Audiencia Provincial de Cáceres con 30 acusados, entre los que se encuentra un policía local de Plasencia que se enfrenta a una petición de ocho años de prisión.
En concreto, cinco por el delito de cohecho y tres por el de revelación de secreto, además de 17 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 12.000 euros de multa.
Precisamente, el policía local ha sido el único que ha hecho hoy uso de su turno de palabra y ha insistido en su inocencia, frente a la acusación de pasar información al resto de imputados.
Asimismo, ha vuelto a desvincularse del "clan de los Hilarios" y ha negado que consumiera cocaína y que el clan le pagara con sustancias estupefacientes por supuestos soplos.
La última jornada del macrojuicio, que comenzó a principios de febrero, estaba dedicada al turno de última palabra de los acusados, pero el resto de encausados que se han sentado en el banquillo, pertenecientes a dos clanes de Plasencia y Malpartida de Plasencia (Hilarios y Aguilares, respectivamente), han rehusado hacer uso de su palabra.
Varios abogados de los acusados han atendido a los medios a la salida del juicio en la Audiencia Provincial, y han explicado por qué han solicitado la nulidad del proceso frente a las penas de la Fiscalía, que van de tres a 28 años de cárcel y para los cabecillas de pide entre 26 y 28 años de prisión.
"Estamos convencidos de que si la sentencia se ajusta a derecho será una sentencia absolutoria para casi la totalidad de los acusados" ha manifestado el abogado penalista Jacobo Teijelo.
Por su parte, el letrado Jacinto Romera ha aseverado que "no se han podido probar los delitos de los que se les acusa", además de que se han practicado una serie de impugnaciones.
Al respecto, los abogados han precisado que durante el juicio “se han impugnado las escuchas telefónicas, así como el auto del 23 de marzo de 2015 del que deriva toda la causa”.
Romera ya explicó al comienzo del juicio que "a ninguno de mis clientes se les han intervenido sustancias estupefacientes; por tanto, la imputación que se les hace es totalmente injustificada y se basa en intervenciones telefónicas" de las que solicitaron la nulidad.
