LOS PRECIOS

Comprar en las tiendas de las gasolineras

Dolores Aldán // Montemolín (Badajoz)

Siempre me ha resultado chocante y sorprendente que cualquier producto comprado en la tienda de una gasolinera o una estación de servicios cueste tres veces más que en los comercios de cualquier ciudad.

Entiendo que su coste sea superior, pero ¡hasta 3 veces! Eso tiene un nombre y me lo reservo. Y ya el colmo es lo que cobran por las bolsas: 0,15 euros y es de un solo uso.

Tal vez estoy generalizando y no ocurre en todas las gasolineras, pero a mí me ha pasado en varias y, la última vez, hace dos semanas en el área de servicio de la A-66 en las proximidades de Monesterio.

DERECHOS Y DEBERES

Amnistía fiscal:

derecho a saber

Miguel Fernández-Palacios Gordon // Madrid

Hace un año el Tribunal Constitucional anuló la amnistía fiscal dejando en ridículo al Gobierno de Rajoy. La sentencia garantiza que, en virtud de la seguridad jurídica, no se actúe contra las regularizaciones que se hicieron, pero nada más. Por otro lado, la Ley Tributaria protege la confidencialidad de quienes cumplen con sus obligaciones al sostenimiento del Estado, pero es más que discutible que ampare el anonimato del defraudador.

Teniendo en cuenta lo anterior, es inaudito que el Gobierno -salvo que tema revelar qué altas personalidades han contribuido al desfalco del Estado de bienestar incumpliendo con la solidaridad tributaria- afirme ahora, tras haberlo pedido en la oposición, que no puede publicar la lista de los acogidos a esta injusta legitimación del fraude.

¿Es que no tenemos derecho a saber qué mangantes se apuntalan en la élite?

EDUCACIÓN

Interés político

Joaquim Montoliu // Sabadell (Bacelona)

Un artículo de la Convención de los Derechos de la Infancia de la ONU dice que «Los estados partes reconocen el derecho del niño a la educación». Dicho texto define a la familia como «grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y, en particular, de los niños», indicando que «debe recibir la protección y asistencia necesarias». La ministra de Educación mencionaba dicho documento para afirmar que «el derecho a la educación siempre recae sobre los individuos sujetos a aprendizaje, no sobre las familias, ni los territorios ni las religiones» sin mencionar al poder político. Estas palabras entran en contradicción con la obligatoriedad estatal de escolarización. Según el texto, «es obligación del Estado respetar las responsabilidades y los derechos de los padres y madres, así como de los familiares, de impartir al niño la orientación apropiada a la evolución de sus capacidades». Sin embargo, la ministra deja entrever que en materia educativa es el interés del poder político el que debe prevalecer.