A mi madre, Antonia Silva Gutiérrez, se le diagnosticó demencia con cuerpos de lewy en el año 2014 (para quien desconozca en qué consiste esta enfermedad, calificada por todos los especialistas que la han tratado como una de las peores demencias, basta con buscar en internet). En noviembre de 2015 el Cadex le reconoció una discapacidad del 65%. Después de años de espera, en febrero llegó la resolución del Sepad que le reconocía grado 1 de dependencia y 40 puntos, grado incorrecto teniendo en cuenta el deterioro que pasados 4 años presenta mi madre, y que no permite acceso a plazas en residencia pública. Desde que recurrimos el grado, las únicas respuestas que recibimos del Sepad es que la lista de espera para revisiones tiene un retraso de 14 meses (y eso que ya han pasado 5 meses), peticiones de trámites, documentos, informes... que ya se han entregado y que nos vuelven a pedir, nos mandan de un servicio a otro. En junio tuvimos que ingresar a nuestra madre en una residencia privada al necesitar cuidados y atenciones profesionales. Si no se le reconoce el verdadero grado de dependencia que tiene, que su neuróloga y el personal médico de la residencia aseguran que es grado 3, nos veremos obligados a enviarla a una residencia en un pueblo fuera de Badajoz y de su entorno, con el consiguiente desarraigo afectivo y emocional que supondrá para mi madre y para nosotros, sus hijos.
