La Junta de Castilla y León ha interpuesto la pasada semana ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad al considerar que invade competencias exclusivas reguladas por su Estatuto de Autonomía.
La consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, María Jesús Ruiz, ha expresado su deseo de que este recurso obtenga sus frutos. Ruiz, en declaraciones a Europa Press, calificó la ley de "excesivamente exhaustiva" y lamentó que la misma "intervenga tanto e invada directa e indirectamente competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma" en aspectos tan concretos como la caza, los espacios de la Red Natura o las Reservas de la Biosfera.
La titular de Medio Ambiente de Castilla y León puso como ejemplo el hecho de que el texto normativo estatal pudiera entrar en colisión con el aprovechamiento cinegético del lobo, que se viene llevando a cabo en el norte de la Comunidad, una vez que sea aprobado el Plan de Gestión de dicha especie.
La Junta de Castilla y León considera que la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad excede el concepto constitucional de "legislación básica", quedando mermadas las posibilidades de la Comunidad de Castilla y León en el desarrollo de la legislación básica del Estado.
La Junta explica que el Tribunal Constitucional manifiesta en su sentencia número 101 del año 2005 que la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente no puede llegar a tal grado de detalle que no permita a las comunidades autónomas el desarrollo legislativo de las leyes básicas, porque, en caso contrario, las competencias autonómicas quedarían vacías de contenido.
Castilla y León, según su Estatuto de Autonomía, tiene competencias exclusivas en "la pesca fluvial y lacustre, acuicultura, caza y explotaciones cinegéticas".
