La decisión de Adenex de abandonar la vía judicial en el caso del complejo Isla Vadecañas deja sola en la batalla en los tribunales a la organización Ecologistas en Acción, que mantendrá la pugna ante la justicia tras el auto del TSJEx del pasado 30 de junio, que dicta a una demolición parcial del complejo (solo de los edificios que se quedaron en obras y a medio construir).
El coordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura, Ángel García, confirma que su organización va a recurrir ahora en casación esta resolución ante el Tribunal Supremo, pero “agotaremos todas las instancias judiciales, no solo a nivel nacional sino incluso comunitario”. “Vamos a seguir adelante, lo tenemos claro desde el minuto uno, desde que el TSJEx dictó sorpresivamente ese auto de ejecución parcial, porque si no recurrimos podríamos sentar un precedente muy importante y muy peligroso en este país, que puede perjudicar a nuestros compañeros en otras comunidades. Hay proyectos similares al de Valdecañas en otras comunidades, en Valencia, en Canarias… Si los espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 no se respetan, significa que hay barra libre”, advierte.
García asegura que “entendemos” y “respetamos” la decisión tomada por Adenex, “organización hermana” a la que agradecen que le comunicaran su retirada antes de hacerla pública. No obstante, reconoce que echarán de menos “ir de la mano” procesalmente, pero no se sienten solos porque “sabemos de su compromiso y tenemos su apoyo como del resto de las cinco grandes organizaciones de España”.
El auto final del TSJEx fija un plazo de seis meses para ejecutar el derribo parcial de Isla Valdecañas, así como restaurar y revegetar los espacios de este resort de lujo, y nada más conocerse esta resolución, la Junta de Extremadura citó a las partes interesadas a un encuentro con la idea de contar con su colaboración para poner en marcha una comisión de trabajo en la que definir los planes para cumplir con el mandato del TSJEx. Esa comisión se creó formalmente, pero García considera que ni siquiera debería existir puesto que si hay recurso de casación, la resolución del TSJEx no es firme y, por tanto, "la ejecución parcial no se puede llevar a cabo, sería un gasto inútil hacer algo que luego pueda revocar el Supremo”.
Porque es lo que espera realmente Ecologistas en Acción. “Entendemos que el Supremo no puede ahora desdecirse después de que en el 2014 sentenciara que esos terrenos debían volver a su situación original”. Por eso, confían en que el alto tribunal rectifique el auto del TSJEx. “Nos sorprendería mucho otra decisión, porque además está en juego la credibilidad de España y su compromiso con la protección de la Red Natura 2000 ante las instituciones europeas”.
Por todo ello, García señala que seguirán pleiteando, pese al desgaste y el coste económico que supone este conflicto también para esta organización ecologista, que se nutre básicamente de las cuotas de sus afiliados y de ingresos por la casilla de ONG de la Renta. “Nuestros recursos son muy limitados para afrontar los retos judiciales en marcha, pero afortunadamente contamos con personal voluntario que hace esta labor y el caso de Valdecañas es ahora mismo prácticamente el buque insignia de nuestra lucha judicial en España; tenemos otros proyectos mirándonos de reojo".
Si el Supremo finalmente desestimara el recurso de casación, a Ecologistas en Acción le quedaría acudir al Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Nos queda mucho recorrido todavía, pero esperamos que el Supremo rectifique al TSJEx y no haya que seguir más allá”.
No habla de presiones, pero el coordinador de esta organización en Extremadura reconoce que tras el último auto de Valdecañas “sí hemos recibido alguna invitación para que dejemos el proceso por el coste que esto supondría para la Junta”. Y esto dice que les pone en una situación “diabólica”: “Ahora se nos pretende hacer culpables de los costes que puede conllevar el derribo total, cuando los culpables son la promotora y la Junta que permitieron que las obras continuasen”. García recuerda que desde el principio su organización pidió que no se permitiese el proyecto, “pero se nos hizo caso omiso. Tras la primera sentencia del 2011 pedimos que se paralizaran las obras y nos pidieron 40 millones para afrontar los daños. Es evidente que el tribunal se equivocó, exigir esa cantidad permitió continuar con las obras y ahora que están terminadas se nos pretende hacer culpable del coste que pueda tener el derribo de una construcción que desde el principio dijimos que era ilegal”.
