Familiares de los ancianos fallecidos durante la pandemia en la residencia El Cuartillo de Cáceres (conocida como la Asistida) aplazarán unos días la presentación ante el juzgado de su querella colectiva, dado que el despacho de abogados que se encarga de este asunto todavía está citando a personas que han mostrado su intención de incorporarse a la misma. De hecho, el número de afectados que se han sumado a la causa ya alcanza la treintena. «Lo hemos pospuesto a la próxima semana para dar cabida a todos. Y aunque la presentación de la querella será telemática, pretendemos realizar un acto simbólico en las puertas de los juzgados».
Así lo explico ayer a este diario Javier García, hijo de una de las víctimas y representante de la nueva asociación que han constituido los familiares. Aseguró que hay bastantes personas que se están uniendo a la querella desde Cáceres capital y de otros municipios, y que todavía hay tiempo para quienes deseen incorporarse a esta causa que lleva el despacho Pita & Broncano Abogados.
De hecho, el colectivo recibió el pasado martes la aprobación de sus estatutos por parte de la Junta de Extremadura, de forma que ya se ha constituido oficialmente como Asociación de Damnificados de la Asistida. ¿Con qué intención? Para que se investigue por vía penal la gestión de este centro durante la crisis sanitaria. Según las informaciones a las que han tenido acceso los propios familiares, 93 ancianos han fallecido en la residencia con síntomas compatibles con el coronavirus. «Si hubieran muerto diez y entre ellos mi madre, entendería que había sido una cuestión de mala suerte, pero hablamos de 93 personas, de una de las residencias más castigadas de España. Ha sido horroroso», declara Javier García.
Pero además, el colectivo quiere servir de ayuda a los ancianos que continúan ingresados en la Asistida (hay unas 320 plazas), para que reciban una «mejor atención» si volviera a ser preciso. «Esto no debe ocurrir otra vez», subraya Javier García. Desde el martes ya se han reanudado las visitas al centro, que se realizan en el jardín.
En definitiva, lo que pretende la asociación es «conocer lo que ha sucedido en la Residencia Asistida para que tampoco vuelva a repetirse». Los afectados califican la situación vivida desde marzo de «surrealista». «No hemos recibido las explicaciones que necesitábamos, queremos saber la verdad», destaca el representante, asegurando que nadie se ha puesto en contacto con ellos tras la muerte de sus allegados.
La asociación insiste en que la Asistida no es un hospital, «es un geriátrico, todos los sabemos», por tanto no cuenta con los mismos medios. «Si había ancianos con neumonía, ni siquiera les podían hacer una placa». Por ello los familiares no entienden el recelo a trasladar a los afectados a un recinto sanitario. «Da la impresión de que había miedo a llevarlos al hospital para no colapsarlo, pero luego hemos sabido que además había camas libres en la UCI», relata Javier García.
«CONFIAMOS DEMASIADO»
Al ir conociendo estos y otros detalles, los familiares de los mayores se han sentido muy abatidos, «porque al final nos hemos dado cuenta de que en aquellos momentos tan complicados confiamos demasiado en el centro y no hicimos por nuestros familiares lo que deberíamos haber hecho. Es una mala sensación con la que personalmente me he quedado», confiesa Javier García. «Todos los ancianos con los que yo tomaba café por la tarde en la Asistida, la ‘cuadrilla’ de mi madre, todos han muerto, parece increíble, por supuesto que tenían sus patologías pero sentimos que ha sido una barbaridad, que no se ha hecho una buena gestión», destaca.
En su caso particular, considera que le ha faltado «mucha» información. El 22 de marzo le comunicaron que su madre, que sufría cierta degeneración cognitiva pero que físicamente estaba en buen estado, tenía una infección y un poco de fiebre. Luego dio positivo y la aislaron. «Empezó a dejar de comer, el médico nos comentó que el covid ataca también al aparato digestivo, pero que estaba bien. Poco a poco se fue apagando, sugerimos una sonda nasogástrica y nos dijeron que iba a sufrir más, pero tampoco nos dieron la oportunidad de trasladarla al hospital. El 21 de abril falleció», describe Javier García, que recuerda la experiencia tan distinta que vivió hace tiempo con su padre, internado en otro centro: «Nos permitieron llamar al 112 y derivarlo al hospital, donde acabó falleciendo, pero al menos sí pudimos hacer algo por él».
De su madre no ha recibido un vídeo ni una foto a través del centro. Ni siquiera pudo hablar con ella cuando aún se encontraba con fuerzas. «A los familiares no nos han tratado bien, sentimos una gran impotencia. Personalmente me costaba que me cogieran el teléfono, hasta que un día me entregaron las cenizas. Ni siquiera me pude despedir», subraya.
«HASTA ESTRASBURGO»
Los familiares saben que el camino será complejo. Hay querellas interpuestas contra residencias en todo el país, y por eso existe el recelo extendido de que no prosperarán. «Lo sabemos, pero hay que hacerlo por nuestros mayores. Agotaremos hasta el último recurso, siempre tendremos Estrasburgo», afirman.
De momento, la Fiscalía Provincial mantiene abierta una investigación en la Residencia Asistida sobre un presunto delito de abandono a personas con discapacidad necesitadas de especial protección, pero en junio paralizó la toma de declaraciones ante la intención de los familiares de presentar una querella, para no duplicar el trabajo en el juzgado.
