El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha anunciado un primer paquete de medidas económicas para frenar los efectos del covid-19. En primer lugar no se pasarán al cobro del mes de abril los alquileres municipales ni las tasas del mercado franco, del edificio Aldea Lab en Aldea Moret, ni los quioscos ni los puestos del mercado de la Ronda del Carmen, lo que supone una cantidad aproximada de 64.000 euros.

En cuanto al cobro del IBI, del IAE y del Impuesto de Vehículos, el alcalde ha dicho que su eliminación depende del gobierno central, que él hará "todo lo que legalmente pueda hacer" para aminorar los efectos de la crisis sanitaria en el bolsillo de los cacereños, pero que de momento la única decisión que puede adoptar es la de alargar los plazos de pago, de manera que la domiciliación del IBI se extiende al 10 de julio, la del IAE, al 10 de octubre, y la del coche, al 10 de mayo. ¿Cabe la posibilidad de quitar ese último impuesto dado que la circulación se ha reducido de forma considerable? "Eso debe decidirlo el ejecutivo central", ha aclarado el regidor. Se trata de leyes nacionales en las que los ayuntamientos tienen poco margen de maniobra.

Eso sí, en lo que es su competencia, Salaya ha decidido que se devuelvan las tasas que los vecinos hayan pagado por actividades del Instituto Municipal de Deportes y que, hasta el momento, el Instituto de Asuntos Sociales ha concedido 133.000 euros en ayudas (si antes se entregaba el dinero en un plazo de 20 a 25 días ahora se tarda solo de tres a cinco días).

Aplicar un plan de medidas económicas más ambicioso depende, en primera instancia, de saber si el gobierno de Pedro Sánchez devolverá al Ayuntamiento de Cáceres los seis millones de euros que le corresponden por el superávit. "Ahora está todo abierto y no sabemos qué va a pasar", ha dicho el alcalde, quien ha matizado, eso sí, que si esta cantidad llega se empleará por entero en ayudas sociales, lo mismo que el dinero del Festival Womad, que al no celebrarse se prevé repartir en colectivos culturales para resarcirlos de las pérdidas que están padeciendo.

El plan que perfila Salaya beneficiará en líneas generales a los autónomos, las pymes y las micropymes, los vendedores ambulantes, empleadas de hogar y jóvenes. Se trata de todo un proyecto que se iniciaría el día después, un día después al que el alcalde no se atreve a poner fecha.

Con estas medidas, se paliará la situación económica y los efectos sociales derivados de la crisis sanitaria. "Aunque vamos a tener que esperar porque podemos definir muchas cosas, pero sin saber con qué dinero contamos de poco sirve".

De momento, y como alivio, el presupuesto municipal se publicará mañana en el BOP después de no haber tenido ninguna alegación. La mayor parte de sus partidas serán destinadas a ayudas sociales.