Los juzgados también se unen a la desescalada e irán recuperando la normalidad de manera progresiva. Ayer se inició la fase 1 de este proceso, con la incorporación de entre un 30% y un 40% de los funcionarios (hasta el momento solo estaba trabajando el 10%). Esto ha supuesto que hayan regresado al trabajo unos 400 empleados públicos; de media hay tres o cuatro funcionarios por juzgado y únicamente en horario de mañana. El objetivo es que a finales de este mes de mayo o a principios de junio los tribunales hayan recuperado al completo su actividad.
Para ello se han fijado tres fases: La primera comenzó ayer, la segunda se iniciará la semana que viene y conllevará la reincorporación de entre el 60 y el 70% de la plantilla y la tercera a la semana siguiente, cuando se prevé que puedan estar en su puesto de trabajo todos los funcionarios. En estas dos últimas fases se han fijado dos turnos laborales: de mañana y de tarde, para que no toda la plantilla trabaje a la vez. Hoy se celebrará una nueva reunión para perfilar los detalles de esta desescalada.
El regreso de los trabajadores estuvo marcado por las quejas por la falta de Equipos de Protección Individuales (EPIs). En todos los juzgados ayer faltaron mascarillas, guantes y soluciones hidroalcohólicas (solo estaban disponibles para los juzgados de guardia y en los registros civiles). Al resto de los funcionarios se les recomienda únicamente que mantengan la distancia de seguridad de dos metros para prevenir contagios. Se muestran indignados. «La gente está trabajando muy preocupada, cabreada y con mucho miedo porque no se puede mantener esa distancia social, necesitan trabajar con una seguridad adecuada», indica el responsable de Justicia de FSP-UGT, Juan María Cordero.
COLECTA PARA MATERIAL
En la misma línea se mostró el representante de CCOO, Juan Antonio Barca. «Hay sitios en los que hay poca distancia entre las mesas y en la fotocopiadora o el fax esa distancia es nula», afirma. Ayer los empleados llegaron a plantear realizar una colecta para comprar con sus fondos el material. «Eso lo tiene que proporcionar el Ministerio, que tiene que encargarse de preservar la salud de los trabajadores, la de sus familias y la del resto de la población», añade.
La falta de equipos de protección no ha caído por sorpresa, ya que en la mesa de negociación ya se advirtió de que la única recomendación sería la de mantener la distancia de seguridad de dos metros entre los empleados. Precisamente por esta razón los sindicatos se negaron a firmar el acuerdo publicado el pasado 9 de mayo y que recogía todos los detalles sobre la vuelta a la normalidad de los tribunales en todo el país.
Por el momento la actividad en los juzgados de la región continúa siendo restringida. Siguen sin celebrarse juicios, salvo las causas con preso o las consideradas urgentes como son los delitos relacionados con violencia de género, violencia intrafamiliar, de menores,… Continúa, eso sí, la presentación de escritos de manera telemática, de hecho el registro civil ha tenido en estos meses incluso más actividad de lo habitual. Pero siguen suspendidos los plazos. En la práctica esto supone, por ejemplo, que los jueces pueden dictar sentencias de las causas que tuvieran pendientes pero los fallos no pueden declararse firmes ya que el plazo que se concede a las partes para recurrir está suspendido. Lo mismo ocurre con todos los escritos o denuncias que se presenten, se tramitan hasta que llega el momento de comunicar los plazos a las partes, ahí se detiene el proceso.
SE PREPARAN LAS AGENDAS
Se espera que los juicios se recuperen el 25 de mayo. Una de las medidas que propone el Consejo General del Poder Judicial para agilizar los trámites una vez que se recupere la normalidad es hacer uso de medidas tecnológicas, como incrementar el volumen de datos que se pueden enviar telemáticamente, mejorar los medios tecnológicos para facilitar el dictado de sentencias ‘in-voce’ o la celebración de comparecencias y vistas virtuales. En la región en estos momentos es inviable.
Las vistas seguirán siendo presenciales, pero se restringirá la presencia de público. «En los únicos juicios que tendríamos problemas sería en los juicios con jurado y en las causas con muchos acusados. Lo que se va a intentar es fraccionar la celebración en varias sesiones para evitar esa aglomeración de personas», afirma la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena. Descarta que haya un colapso en los juzgados: «En general estamos por debajo de la media en cuanto a tiempo de resolución de asuntos. Hay órganos que están al día en la comunidad», insiste.
La acumulación de causas es lo que más preocupa a los abogados. Para el decano del colegio de Cáceres «lo que se avecina es un auténtico caos» porque a lo ya acumulado hasta ahora se suma el parón y el aluvión de denuncias por saltarse el confinamiento, la tramitación de los ERTEs, de los EREs, los despidos,… Su sector rechaza además que se haya propuesto que parte del mes de agosto sea considerado hábil (hasta ahora los juzgados en ese periodo no tenían actividad). «La desescalada es una completa incógnita», sentencia.
