Entienden la situación en la que se encontrarán muchos padres y madres cuando tengan que volver a sus puestos de trabajo, pero advierten de que el colegio no es una guardería ni los maestros son cuidadores. Por eso, consideran que la propuesta de volver a las aulas a finales de este mes de mayo solo para favorecer la conciliación no es viable y avisan de los riesgos que conlleva. «El fin de los centros educativos no es la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Deben ser las empresas y las administraciones públicas las que garanticen las medidas de conciliación», señalan desde UGT. «Existen muchas opciones si se pretende utilizar los centros educativos exclusivamente con carácter asistencial, pero no podemos usar a los profesionales de la educación con fines exclusivamente de guardia y custodia», defiende ANPE.

Los sindicatos docentes se han mostrado tajantes en los últimos días desde que se conociera el plan de desescalada que incluye la apertura de los centros educativos en la fase 2 del plan, a partir del 25 de mayo. La vuelta será voluntaria para los menores de 6 años si sus progenitores tienen que volver al trabajo y para los alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato. «Solo en casos necesarios como la prueba de acceso a la universidad, pruebas extraordinarias o certificaciones se puede volver a la actividad presencial. Todo lo demás, abogando por la conciliación familiar, es una falta de respeto a la labor de los docentes», destaca CSIF.

«IRRESPONSABILIDAD»

Los representantes de los docentes defienden que no se dan las condiciones para volver a las aulas este curso y, por tanto, las clases deben seguir siendo online. Lo contrario «sería una irresponsabilidad temeraria», destaca ANPE. «No es de recibo que se esté anunciando la vuelta para finales de mayo y que aún no se haya planteado cómo se van a evitar contagios y posibles nuevos brotes en espacios tan masificados como los centros educativos», PIDE.

«Sería un error tomar decisiones precipitadas sin garantizar en los centros educativos las medidas de distanciamiento recomendadas por las propias autoridades sanitarias. Es un riesgo que a estas alturas del curso no merece la pena correr», asegura CCOO, que pide que si hay vuelta voluntaria este curso se haga solo «cuando esté completamente garantizada la seguridad de los trabajadores y el alumnado». Recuerda, además, que hay alumnos que necesitarían usar el transporte escolar, otro riesgo.

«Lo razonable es que la actividad presencial no se reanude hasta septiembre y no se pueden anteponer los criterios sanitarios a cualquier otra consideración», opina UGT. El sindicato pide que antes de volver hay que realizar pruebas de PCR a los trabajadores que acudan a los centros y ofrecer un tratamiento individualizado a las personas que sean especialmente sensibles por tener algún factor de riesgo como diabetes, enfermedades… Piden, además, medidas de protección individual y una desinfección periódica en los centros.

Los sindicatos recuerdan que se trata de una situación compleja que se debe abordar sin prisas y reclaman que se reúna el Comité de Salud de Riesgos y Laborales de Educación. Además de la salud, también preocupa la incidencia que esta medida tendría en el trabajo del docente, ya que si solo algunos alumnos volverán a clase, otros tendrán que seguir teniendo clase de forma online. «La jornada laboral del profesorado aumentaría un 150%», denuncia PIDE. Para ANPE, además, «es una falta de respeto al trabajo que están realizando durante este confinamiento».

12 alumnos / Por ello, los docentes solicitan que la administración se centre ya en la vuelta en septiembre, lo que requerirá de una mayor planificación y esfuerzos. Reclaman la desinfección de todos los centros, establecer ratios más bajas para poder cumplir con las medidas de distanciamiento -de un máximo de 12 alumnos por aula reclama CSIF-, protocolos de higiene, el uso de mascarillas y control de las entradas y salidas. «Sería una absoluta irresponsabilidad que no trabajáramos ya en estudiar, planificar y acordar medidas para que el regreso a ‘la nueva normalidad’ se produzca de una manera que genere confianza, seguridad y certidumbre», reclama CSIF.