En la recta final de la desescalada, Extremadura empieza a pensar en la reconstrucción. La Junta prevé recibir más de 200 millones de euros del fondo covid-19 que ha puesto en marcha el Gobierno central para compensar a las comunidades autónomas por el impacto de la pandemia, y cuyos criterios de reparto publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE). La portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Consejería de Hacienda está ultimando un «cuadro estimativo» para conocer con exactitud las cantidades que corresponderían a la región, pero en cualquier caso se esperan más de 200 millones de los 16.000 que el Estado ha puesto encima de la mesa y que las autonomías no tendrán que devolver después.
El BOE publicó ayer el real decreto ley por el que se regula la creación de este fondo y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramento, que comenzará en julio con el reparto de los 6.000 primeros millones para la sanidad. Se trata de un fondo autonómico no reembolsable (las autonomías no tendrán que devolver los fondos al estado), y se beneficiarán especialmente las regiones que han resultado más afectadas por la pandemia. Además, permitirá a las que tienen superávit en ejercicios anteriores (Canarias, Navarra y País Vasco) gastar esos remanentes presupuestarios.
El reparto
Los principales criterios para la distribución del fondo son el número de hospitalizaciones y pacientes ingresados en UCI, las pruebas PCR realizadas y la población protegida equivalente a afectos del gasto sanitario. Para la Junta de Extremadura, explicó Gil Rosiña, se trata de un sistema «equilibrado y razonable», que mejora respecto al que inicialmente se propuso y sobre el que la región sí mostró sus «reparos» porque utilizaba básicamente como referencia las camas hospitalarias y de UCI utilizadas durante la pandemia.
Sobre las críticas que ya han surgido en torno a los criterios de distribución y libramiento de este reparto por parte de Cataluña y País Vasco, la portavoz de la Junta mostró su respeto por lo que puedan manifestar otras comunidades «que a lo mejor incluso tienen una situación más privilegiada o tienen más recursos que las que se denominan comunidades pobres». Frente a ello, puso de manifiesto el esfuerzo del Gobierno extremeño por mantener un sistema de salud que garantice la atención a los ciudadanos, también en las zonas rurales y poco pobladas.
«Cada vez que presentamos un presupuesto de la Junta decimos que siete de cada 10 euros van a políticas sociales, y ahí están las sanitarias. Entonces esto, un año y otro y otro, tiene como resultado que nuestro sistema está mucho mejor preparado que el de otras comunidades que son ricas a la hora de atender una situación de dificultad», como ha ocurrido ahora con la pandemia de coronavirus, aseguró Gil Rosiña.
De los 16.000 millones que contempla el fondo, 9.000 se destinarán a sufragar gastos en sanidad, 2.000 serán para educación y los 5.000 restantes para paliar la pérdida de ingresos tributarios y en el transporte, informa Efe. Los primeros 6.000 millones para sanidad comenzarán a repartirse en julio y se distribuirán según la población protegida equivalente; el 30% en función de los ingresos en UCI, el 25% por el número de hospitalizaciones y el 10% restante según el número de pruebas PCR.
Los 3.000 millones restantes llegarán en noviembre: el 45% según la población protegida equivalente; los ingresos en UCI el 25%; el 20% según hospitalizaciones; y el 10% según pruebas PCR. El fondo reserva 800 millones para paliar la pérdida de ingresos en el transporte y 4.200 millones para mitigar el impacto de la caída de ingresos tributarios, entre ellos el de transmisiones y actos jurídicos documentados, matriculación y los impuestos sobre el juego, salvo las apuestas ‘on line’.
