Los familiares de la residencia El Cuartillo de Cáceres (la Asistida) preparan una querella criminal contra la dirección del centro de mayores, la Junta de Extremadura y el Sepad. Se trata de los afectados por el fallecimiento de los mayores que vivían en el centro a causa del coronavirus, lo que consideran un homicidio imprudente. Por el momento están tramitando su presentación con un despacho de abogados de la ciudad pero anuncian que pedirán penas de cárcel por cada una de las muertes (van 74). Las condenas del delito de homicidio imprudente oscilan entre los cuatro y los 15 años de prisión. Solicitarán también el pago de la responsabilidad civil y de una indemnización por el daño causado.
Tal y como publicara ayer este diario continúa creciendo el número de mayores infectados en esta residencia cacereña, la más castigada por el virus en la región. En estos momentos hay 155 contagiados a los que se le ha realizado la prueba serológica. La mayoría de los nuevos positivos eran asintomáticos. Los familiares consideran que el elevado número de contagios y de fallecidos se debe a la gestión que ha llevado a cabo el centro durante esta crisis sanitaria porque «no» se han tomado las medidas de aislamiento necesarias ni se ha proporcionado a los trabajadores las protecciones suficientes. De hecho, los equipos de protección que continúan llegando a la residencia están siendo proporcionados por diferentes colectivos (el último ha sido una asociación de bomberos forestales).
Para interponer la querella criminal se han basado en la que han presentado en la comunidad de Madrid familiares de personas mayores en residencias, agrupados en una asociación, contra la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y diez directores de centros de mayores con fallecidos o mal atendidos durante esta pandemia. En la misma solicitan que sean investigados por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
La querella que presentarán los familiares en Cáceres se unirá a la investigación que se tramita en estos momentos en la Fiscalía Provincial de Cáceres, que abrió diligencias también tras recibir la denuncia de familiares afectados. Hasta ahora se ha tomado declaración a trabajadores, que han puesto de manifiesto la falta de equipos de protección y han contado las medidas de aislamiento que se llevaron a cabo, y familiares.
Al mismo tiempo el Ministerio Público estudia los informes que ha recibido tanto del propio centro como de los militares que llevaron a cabo desinfecciones en la residencia, a los que se les ha solicitado que expliquen en qué situación se la encontraron. Por el momento la investigación no ha podido avanzar mucho más porque la actividad en los juzgados es bastante restringida. El objetivo es averiguar si existe ilícito penal en la gestión de la crisis sanitaria y por lo tanto en los contagios y en los fallecidos. Una vez que esto se resuelva la Fiscalía llamará a declarar a la dirección del centro. Hasta el momento todas las personas que han prestado declaración lo han hecho en calidad de testigos.
