Los familiares de los fallecidos en la residencia de Garrovillas de Alconétar preparan una denuncia contra el centro. Ya han entregado toda la documentación a los abogados, que presentarán una demanda conjunta y en la que se adjuntará cada caso en particular. Este centro de mayores ha sido uno de los más castigados por la pandemia, donde ha fallecido un tercio de sus usuarios: Según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad han muerto 26 de los 90 residentes (según los familiares son 32 los que han perdido la vida). Y en estos momentos aún hay 11 contagiados. Denunciarán por omisión del deber de socorro, por retraso en las pruebas y por negarse a trasladar a los enfermos al hospital. «Por el triaje preventivo y ahorrativo estas personas fallecieron», asegura Raquel Gómez, portavoz de los afectados.

El primero de los errores, según explican los familiares, fue la no realización de pruebas a los residentes que presentaban síntomas (los había desde el 9 de marzo pero el primer caso no se confirma hasta el día 21). Advierten de que esto ha podido poner en riesgo también a la población de Garrovillas ya que hasta el 12 de marzo no se cerró la residencia a las visitas, por lo tanto estuvieron varios días en contacto con contagiados sin saberlo. «El 9 de marzo le dije a la enfermera que mi padre estaba acatarrado y me dijo que no me preocupara que así había muchos en la residencia», afirma Gómez. El retraso en el diagnóstico conllevó además a que se dilatara el aislamiento de los enfermos, lo que favoreció también a la propagación del virus entre los residentes y los sanitarios, añaden los familiares.

Una vez que realizaron la prueba y se comprobaron los primeros contagios se decidió aislar a los infectados en la hospedería de la localidad; el segundo error a juicio de los familiares. «Los llevaron allí sin un criterio epidemiológico, extendiendo más la enfermedad», añade Raquel Gómez. Además aseguran que este espacio no estaba preparado para acoger a los enfermos: Carecía de oxígeno y de camas articuladas. Tampoco los tenían aislados (había varios en una habitación) y el espacio no contaba con el suficiente personal sanitario (por las noches, dicen, estaban solos). Hasta el 31 de marzo el Servicio Extremeño de Salud (SES) no toma la decisión de intervenir la residencia, casi un mes después de que los familiares dieran la voz de alarma de que había residentes con síntomas.

Denuncian además que los mayores han sido «maltratados» por la residencia: «La enfermedad hacía que se deshidrataran y estaban desnutridos porque no querían comer, pero los dejaban así, no les daban ni siquiera suero», añaden. Los que fueron derivados a los hospitales cacereños por insistencia de los familiares llegaban con el mismo diagnóstico: Deshidratados, desnutridos, con insuficiencia renal y con neumonía bilateral.

La denuncia se extiende además al trato recibido en los hospitales de Cáceres, porque aseguran que les negaron cualquier tipo de tratamiento curativo. «Lo único que importaba era que no se colapsara el sistema sanitario», insisten. «Han violado todos los derechos, la convención internacional de los derechos del discapacitado de la ONU dice que en situación de guerra y de pandemia hay que priorizar al más vulnerable», recuerdan.

Raquel Gómez ya denunció al Servicio Extremeño de Salud porque se negó a dar un tratamiento curativo a su padre, de 89 años. Falleció en el hospital Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres. La familia solicitó que le ingresaran en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero lo rechazaron. Cuando interpusieron la denuncia pidieron «medidas cautelarísimas» para que su padre fuera tratado. Fue necesario que un forense valorara a su progenitor, que concluyó que era «susceptible» de recibir tratamiento hospitalario. Ya era tarde.