La Fiscalía comenzó ayer a tomar declaración a los trabajadores de la residencia El Cuartillo de Cáceres, conocida popularmente como la Asistida. El Ministerio Público ha incoado diligencias penales contra este centro de mayores tras recibir la denuncia de los familiares en la que advertían de la situación en la que se encuentran los mayores y los trabajadores. En el escrito hacen referencia a la falta de medios de protección de los empleados y a que las medidas de aislamiento de los residentes se llevaron a cabo tarde; lo que ha provocado, afirman los familiares, que el virus se haya propagado por la residencia. La enfermedad se ha cobrado la vida ya de 70 ancianos y otros 74 están infectados. La fiscal quiere conocer si las consecuencias del coronavirus en este centro tienen alguna responsabilidad penal.
La primera en dar su versión de los hechos ha sido una Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), que ha prestado declaración por videoconferencia desde la comisaría provincial de la Policía Nacional. Ha sido interrogada en calidad de testigo durante algo más de una hora. Principalmente las preguntas han ido dirigidas a conocer la forma de actuar en el geriátrico en relación a la crisis del coronavirus (se le ha preguntado, por ejemplo, cómo y cuándo se aisló a los residentes) y las condiciones de trabajo que los empleados han tenido y tienen. La trabajadora es afiliada al Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) y ha sido asistida por el asesor jurídico del colectivo, Antonio Rubio.
Ella había mostrado en las redes sociales su indignación porque los tests al personal sanitario no comenzaron a realizarse en este centro hasta mediados de abril, un mes después de que se detectaran los primeros positivos. Los resultados de su prueba concluyeron que había pasado la enfermedad y que había generado anticuerpos. Ha sido una paciente asintomática, lo que ha supuesto, decía en Facebook, que ha estado trabajando pudiendo contagiar sin saberlo. Declaró con miedo a represalias y dejó constancia de que aún faltan medios de protección y personal.
Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), al que está afiliada la gran mayoría de los trabajadores de este centro de ancianos barajan también presentar una denuncia ante la Fiscalía. Miembros del sindicato comprobaron in situ la falta de material durante esta crisis cuando fueron a llevar unas pantallas protectoras a la residencia: «Tenían los trajes de protección colgados para que se secaran porque les dan uno a la semana y tiene que haber uno por trabajador como mínimo», recuerda la secretaria del sindicato en Extremadura, María Victoria González. Cada traje aguanta como máximo tres lavadas porque va perdiendo la impermeabilidad. González señala además que tienen dos mascarillas quirúrgicas al día.
«HA SIDO UNA DEJADEZ»
Está previsto que la toma de declaraciones continúe durante los próximos días. Precisamente ayer los familiares han creado un canal de Youtube para subir vídeos con sus testimonios. En él habla una cacereña cuyos abuelos residen allí (ahora solo su abuela porque su abuelo ha fallecido a causa del coronavirus). «Nos consta que los trabajadores entraban y salían sin los debidos EPIs, sin poderse proteger ni proteger a los ancianos. Los familiares pedimos que se hagan pruebas a los residentes para los que den negativos podérnoslos llevar a casa», dice esta afectada.
También ofrece su testimonio Javier García, que acaba de enterrar a su madre, también residente de la Asistida. Agradece la labor de los trabajadores y pide «a los de arriba que vengan, que vean lo que hay y que doten al personal de todo el material que necesitan. Ha sido una dejadez total», asegura.
