La Fiscalía Provincial de Cáceres solo mantiene abierta la investigación en la residencia El Cuartillo de la capital cacereña, conocida como la Asistida. El procedimiento se centra en conocer si existe o ha existido una situación de riesgo para la salud o la vida de los residentes o de los trabajadores, por falta de medidas frente al coronavirus, y si ha podido darse un posible delito de abandono de los mayores. Se trata de uno de los centros de ancianos más castigados por la pandemia en la región, con 75 fallecidos a causa del covid-19 y con el 80% de los ancianos infectados. La situación ya se ha estabilizado.
Se da la circunstancia de que esta semana el Juzgado Número 3 de Cáceres ha admitido a trámite la querella presentada por 25 familiares contra este geriátrico por un presunto delito de homicidio imprudente por las muertes registradas. Ya ha solicitado a la Junta de Extremadura, titular de esta residencia, numerosa documentación como certificados de defunción o informes médicos. También reclama al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) que detalle los protocolos exigidos a este centro residencial para hacer frente a la pandemia. Y cita a declarar a la directora, en calidad de investigada, el próximo 16 de diciembre.
Precisamente el hecho de que el juzgado haya admitido a trámite la querella va a suponer que el Ministerio Público archive su investigación. Es un trámite necesario para evitar que se duplique el trabajo en la administración de justicia (ambos organismos estarían estudiando lo mismo y testigos tendrían, por ejemplo, que declarar dos veces). Una vez que se cierren las diligencias por parte del Ministerio Público no habrá ninguna investigación en curso en este tipo de centros.
MÁS INVESTIGACIONES
La otra causa que se encontraba en marcha estaba relacionada con la residencia de Garrovillas de Alconétar, de titularidad privada; otra de las más afectadas de la región donde han fallecido 30 personas durante la crisis sanitaria. El Ministerio Público abrió diligencias para esclarecer si había existido también un presunto delito de abandono a los mayores, al tratarse de personas con discapacidad necesitadas de una especial protección. En la investigación la Fiscalía visitó la residencia y se entrevistó con su directora y con el personal encargado de los cuidados de los ancianos. También inspeccionó las instalaciones, los medios con los que contaba, la alimentación y el control nutricional que se llevaba a cabo, así como el protocolo del covid-19 impuesto por el Sepad.
En virtud de estos trabajos el Ministerio Público ha concluido que «no existe ni desatención ni desprotección a los mayores», proponiendo así el archivo de la causa. La Fiscalía recibió asimismo la denuncia de un familiar de esta residencia por un presunto delito de abandono, pero también se archivó.
Desde que comenzara la pandemia el Ministerio Público ha abierto seis diligencias penales por hechos acaecidos en centros de mayores, pero todas se han archivado. Un de ellas fue presentada por Vox, que pedía que se investigaran todas las residencias de la provincia. Se cerró por ser muy general. Otra por un presunto delito de homicidio imprudente y de omisión de socorro en el centro de Deleitosa, pero no resultó acreditado el delito. Y otra por unos hechos ocurridos en La Hacienda (Cáceres), pero se archivó porque el juzgado admitió a trámite una denuncia presentada por la propia residencia, para no duplicar así el trabajo, tal y como ocurre con la Asistida.
Querella contra el centro de Garrovillas
Los familiares de dos fallecidos a causa del coronavirus residentes en el centro de mayores de Garrovillas de Alconétar han presentado una querella criminal contra la dirección del geriátrico de esta localidad, de titularidad privada, y contra el Servicio Extremeño de Salud (SES)._Les acusan de un presunto delito de homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro, al «no habérsele suministrado a los difuntos la atención médica necesaria» ni haberlos trasladado al hospital a pesar de su estado.
En el caso de uno de ellos su hija comprobó que comenzó con síntomas a primeros de marzo: «tos persistente y asfixiante, dificultad para respirar y molestias en el pecho». Insistió para que fuera valorado por un médico, pero esa visita nunca llegó; en la residencia, según los familiares, no había facultativo. Su estado empeoró y comenzó con fiebre; sin embargo desde la residencia decían a los familiares que era un resfriado y que así estaban muchos de los mayores._A los días fue traslado al hospital por una caída pero, a pesar de sus síntomas, añade la querella que ha presentado el abogado Daniel López, no se le realizó prueba alguna. El 22 de marzo, ante la persistencia de fiebre, se comunica a la familia que se le iba a realizar la prueba del coronavirus. No llegó a los resultados porque falleció a los tres días. Después se conoció que había dado positivo.
El otro querellante denuncia que se le comunicó el 23 de marzo que su madre había dado positivo, que estaba tranquila pero que no comía ni bebía. Falleció a los seis días «sin ponerle ni siquiera un gotero». Más familiares preparan otra querella formulada en los mismos términos.
Además de esta querella los juzgados de Cáceres tramitan otras tres relacionadas con centros de mayores de la provincia. La de la Asistida, admitida a trámite esta semana; otra sobre la atención prestada a un residente en el centro de Valencia de Alcántara y una última por la denuncia presentada por la dirección de La Hacienda (Cáceres) contra las autoridades sanitarias por los traslados realizados en las ambulancias.
