La Fiscalía tomó ayer declaración a una segunda trabajadora de la residencia El Cuartillo de la capital cacereña (conocida como la Asistida) en el seno de la investigación que mantiene abierta para conocer si existe ilícito penal en la gestión de la crisis del coronavirus. Se trata de uno de los centros más castigados de la región. Según los datos aportados por la Junta de Extremadura, hasta ayer sumaba ya 72 fallecidos a causa del covid-19 (teniendo en cuenta, aclara el Ejecutivo autonómico, que se cuentan tanto los que son positivos confirmados con prueba como los que tienen un certificado médico de defunción en el que se especifica «posible covid» pero no está confirmado). En la residencia hay en estos momentos 82 usuarios infectados, 33 han sido ya dados de alta.
El Ministerio Público ha incoado diligencias tras la denuncia presentada por varios familiares de residentes que han fallecido, que estiman que el elevado número de muertes se debe a los errores cometidos por el centro de mayores. Como ya informó este diario, en dichos escritos hacen referencia a que los empleados trabajaban sin la suficiente protección y a que las medidas de aislamiento se tomaron tarde. La Fiscalía solicitó además ayer un nuevo informe a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha llevado a cabo desinfecciones en este centro de mayores, para conocer el estado en el que se encontraron el geriátrico durante sus actuaciones. Ha requerido asimismo al propio centro documentación detallada sobre la gestión de la crisis sanitaria y ha pedido a la policía que identifique a todos los empleados de la residencia para poder continuar con la toma de declaraciones.
El interrogatorio de ayer se llevó a cabo también por videoconferencia y estuvo orientado a conocer si trabajaron o no con la suficiente protección desde el principio, así como cuáles fueron los pasos a seguir con los ancianos cuando se conoció el primer positivo. Familiares y trabajadores han asegurado a este rotativo en varias ocasiones que durante días se mantuvo la actividad normal en el centro, aislando solo a los infectados, mientras que el resto continuaba utilizando zonas comunes como el comedor.
Desde el pasado viernes, además, la residencia ha contratado seguridad privada. Según aclara la Junta, el objetivo es vigilar y controlar el centro de cara a las visitas de familiares a los residentes que se encuentran en su última fase, a punto de fallecer. El objetivo es controlar que se respeta el protocolo puesto en marcha por la Consejería de Sanidad, que establece unas horas determinadas y que solo puede acceder un familiar por paciente.
Denuncian coacciones
Los trabajadores, en cambio, han denunciado que esta seguridad se ha puesto para evitar que accedan medios de comunicación y que los empleados hablen públicamente sobre la residencia. Según afirma una sanitaria a este diario, que prefiere no identificarse, la dirección se ha dirigido a algunas de las trabajadoras que han mostrado la situación con nombres y apellidos para «amenzarlas». «Hay mucha tensión en la residencia y se señala a todo el que habla. Nos están coartando para que no lo hagamos», asegura.
Lo mismo ha ocurrido con la familiar de una residente, María José García, que hace unos días denunció en La Sexta la falta de información que tenían sobre los residentes. Dice que desde que comenzó la cuarentena «solo» ha recibido una llamada sobre el estado de su madre, que no está infectada. Además, tal y como ha contado a este periódico, denuncia falta de coordinación porque un día recibió una llamada del centro para informarle de que su madre había fallecido. No podía creérselo porque el día anterior había visto una fotografía de ella. Se trataba de un error pero «nadie me pidió disculpas».
Todo esto también lo contó en su entrevista en televisión y al día siguiente le llamaron de la Asistida: «Me dijeron que quién soy yo para decir semejantes cosas. Las he dicho porque son verdad y no me van a callar», afirma.
Esta situación la ha denunciado también Javier García, otro de los familiares afectados (en su caso su madre falleció por coronavirus). «Les están coartando su libertad, los tienen amenazados, han recibido órdenes de que el que hable tendrá consecuencias», asegura en un video que ha subido al canal de Youtube que han creado los familiares.
El Defensor del Pueblo recomienda que se deje salir a los residentes no infectados
El Defensor del Pueblo envió el pasado 23 de abril una serie de recomendaciones a todas las comunidades autónomas sobre las residencias de ancianos, las más castigadas por la pandemia. En el caso de la región extremeña casi el 90% de los fallecidos pertenecía a uno de estos centros de mayores. Una de esas recomendaciones es la de permitir que los mayores no contagiados que residen en uno de estos geriátricos puedan, de forma voluntaria y temporal, volver con sus familias mientras dure la pandemia, respetando siempre la plaza que tienen adjudicada.
Esta es una de las principales demandas de los familiares de la residencia Asistida de la capital cacereña, que han solicitado en varias ocasiones a la Junta de Extremadura, responsable del centro, que realice tests a los usuarios no infectados para comprobar que son negativos y, si es así, que se les permita a las familias llevárselos a casa para prevenir que continúe expandiéndose el virus. En estos momentos hay todavía 82 infectados. También lo han pedido al Defensor del Pueblo, al que han enviado asimismo varios escritos denunciando la situación que se vive en este geriátrico. El Ejecutivo autonómico ya ha manifestado que esta opción está descartada porque no la recomiendan los epidemiólogos y expertos.
Otra de las solicitudes del Defensor del Pueblo es que se garantice la información «continua y diaria» a la familia del residente «sobre su situación de salud, actividades, comidas y demás aspectos de interés, sin perjuicio de procurar las herramientas de comunicación directa o telemática». Algo que también reclaman los familiares de la Asistida, que se quejan de falta de comunicación.
El Defensor del Pueblo pide asimismo que se informe de cualquier traslado del residente; que se cubran las bajas para «garantizar el cuidado adecuado» de los mayores y que se les proporcione el soporte médico y de enfermería necesario. Además solicita que se ponga en marcha un protocolo para que los familiares puedan visitar a los enfermos graves. Estos dos últimos puntos ya se cumplen en Extremadura.
