Luz verde al ingreso mínimo vital. El Gobierno ha aprobado en su Consejo de Ministros extraordinario de este viernes la primera renta mínima de carácter estatal en la historia de España. La prestación aspira a llegar a 850.000 familias en situación de pobreza extrema (del orden de 30.000 en Extremadura) y su cuantía oscilará entre los 462 euros y los 1.015 euros, por hogar. La ministra portavoz, María Jesús Montero; el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, presentaron ayer viernes la medida, oficializando la última capa pendiente de ese "escudo social" frente a la emergencia de la covid-19. El Ejecutivo hace efectivo así una medida que lleva preparando durante los dos últimos meses y que no ha estado exenta de pugnas internas en el seno del Gobierno de coalición. "Hoy es un día histórico para nuestra democracia, para mí es un honor anunciar que nace un nuevo derecho social en España", proclamó Iglesias.
Ya es oficial, se podrá solicitar desde el 15 de junio y su cobro, una vez tramitado, será retroactivo durante los tres primeros meses a efectos del 1 de junio. "Es el mayor avance en derechos sociales en la historia de España, desde la aprobación de la ley de dependencia", declaró Iglesias. Tras el refuerzo de la protección social de los ERTES, las prestaciones especiales de cese de actividad para los autónomos y los subsidios para colectivos vulnerables como las trabajadoras del hogar o los trabajadores temporales despedidos, desde este viernes entra en vigor el ingreso mínimo vital. Prestación que será gestionada desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Esta prestación persigue llegar a parte de aquellos que hasta ahora se habían visto excluidos del "escudo social" habilitado por el Gobierno ante la pandemia. Los más vulnerables de entre los 12,3 millones de personas en España (el 26,1% de la población) que viven en riesgo de pobreza o exclusión social; según los últimos datos del INE referentes al 2018. España, la cuarta economía de la Unión Europea, registraba hasta el 2018 la séptima tasa de pobreza más alta de entre los estados miembros. "No hay libertad si no se llega a final de mes", ha declarado Iglesias.
El nuevo ingreso mínimo vital se focaliza en los hogares con una carencia material más extrema y se marca como objetivo sacar de esta a 2,3 millones de personas, repartidas en 850.000 hogares. 160.000 de estos son monoparentales, mayoritariamente sustentados por mujeres. Un "impacto extraordinario" sobre la pobreza en España, según ha calificado Escrivá.
Para ello, el Gobierno ha habilitado un gasto anual de algo más de 3.000 millones de euros y su intención es comenzar a efectuar los primeros pagos ya en el mes de junio, de oficio para aquellas personas que ya perciben una prestación por hijo a cargo. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez acelera ante la actual crisis del coronavirus una medida que formaba parte de su programa de Gobierno para la presente legislatura, pero que la emergencia sanitaria y social ha obligado a acelerar.
¿Cuáles son los requisitos para cobrarla?
Los potenciales beneficiarios del nuevo ingreso mínimo vital serán aquellas que tengan entre 23 y 65 años (o hasta los 18 años si es con hijos a cargo) y que tengan unas rentas que oscilen como máximo entre los 5.538 y los 12.184 euros. Para dicho cálculo, la Seguridad Social tendrá en cuenta los ingresos que anualmente percibe la persona que lo solicita y si esta tiene algún patrimonio, excluyendo la vivienda habitual y restando las deudas pendientes de pago. Para determinar los ingresos del solicitante, la Seguridad Social tendrá en cuenta los ingresos declarados en el año anterior o estableciendo una media de los meses del año presente, para no excluir a aquellos solicitantes que hayan perdido sus ingresos ante eventualidades como la actual pandemia.
¿Cuál es la cuantía?
La cuantía es variable, en función de la situación familiar del solicitante y si percibe en paralelo un salario o no. La base mínima para una persona sin ningún ingreso ni patrimonio y sin familiares a cargo será de 462 euros mensuales. Y la prestación máxima la percibiría una persona en la misma situación a nivel de ingresos, pero con cinco o más integrantes sin ingresos en la unidad familiar. Y su cuantía sería de 1.015 euros mensuales. La Seguridad Social ha habilitado un abanico de 14 categorías para las diferentes particularidades.
En caso de que el solicitante tenga otros ingresos, esta renta mínima modulará los ingresos, respetando los mínimos establecidos. Es decir, si una persona solo ingresa 200 euros en un mes, el Estado aportará 262 euros más para llegar a esos 462 euros mensuales.
¿Es compatible con un trabajo?
Sí, el ingreso mínimo vital es compatible con ingresos laborales y contempla incentivos para que los potenciales beneficiarios no vean más rentable rechazar un empleo por el miedo a dejar de percibir parte de la prestación. Un elemento "fundamental", según ha calificado el ministro Escrivá, y que se basa en las experiencias de País Vasco y Navarra. La Seguridad Social no restará integramente los nuevos ingresos de la prestación percibida. Es decir, si el beneficiario cobra 100 euros más no se le descontarán 100 euros del ingreso mínimo vital, sino un porcentaje menor que el Gobierno todavía no ha precisado.
¿Cómo solicitarla?
Para presentar la solicitud, los ciudadanos deberán preferentemente dirigirse a la sede electrónica Seguridad Social; aunque más adelante se habilitarán los cauces presenciales. Ante dicho organismo deberá acreditar la edad del solicitante y de sus familiares cohabitantes, así como el tiempo de residencia en el país. La Seguridad Social gestionará el resto de variables, según ha explícitado el vicepresidente Iglesias, para evitar así generar un "laberinto burocrático".
Complementaria a nivel autonómico
Si bien el ingreso mínimo vital será la primera renta mínima a nivel estatal en la historia de España, en las comunidades autónomas ya existían prestaciones similares. A partir del real decreto que publique, presumiblemente, este sábado el BOE; el ingreso mínimo vital pasará a ser la base sobre la que se edifiquen el resto de prestaciones. Es decir, todos los españoles tendrán derecho a acceder a los mínimos establecidos por la nueva prestación presentada este viernes. Y si las comunidades, en base a esos mínimos, quieren mantener o desplegar sus propias prestaciones, podrán complementar el ingreso mínimo con fondos propios.
Algunas autonomías, como el País Vasco y Navarra, ya han pactado con el Gobierno la descentralización de esta nueva prestación y que sean sus administraciones las que gestionen todo el proceso. En Catalunya, la Generalitat está estudiando como articular la Renta Garantida de Ciutadania y el nuevo ingreso mínimo vital. Los actuales beneficiarios de la RGC son 127.711 personas, con un gasto anual de 378 millones de euros a cargo de las arcas de la Generalitat. Para unificar trámites ante las diferentes administraciones, el ministro Escrivá ha abierto a articular un mecanismo de "ventanilla única" en los próximos meses.
