El Gobierno defiende que se pacte con EH Bildu. Un día después de provocar un amplísimo malestar (entre los empresarios, los sindicatos, aliados como el PNV y Cs, el PSOE e incluso varios ministros), el Ejecutivo se ha alejado del contenido de su acuerdo con los aberzales, que prometía que la reforma laboral estaría derogada de forma "íntegra" antes de las vacaciones de verano, pero se ha reafirmado en la necesidad de alcanzar, llegado el caso, entendimientos con el partido vasco, heredero de Batasuna. "Los vetos contrapuestos hacen inviable cualquier tipo de acuerdo. Tenemos que resetear muchas posiciones adoptadas de antemano", ha dicho este viernes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

La coalición del PSOE y Unidas Podemos pactó el pasado miércoles con EH Bildu ese cambio legal a cambio de que sus cinco diputados se abstuvieran en la prórroga del estado de alarma. El partido vasco no era necesario para sacar adelante esta iniciativa, pero la Moncloa, ante el peligro de que algunos partidos con los que estaban negociando (como el PNV y Cs) se descolgaran (cosa que no acabaron haciendo), y teniendo claro que el PP votaría en contra, quiso asegurarse que los aberzales no bloqueaban. Más allá de la conveniencia de incorporar a EH Bildu como un interlocutor, el acuerdo casaba mal con la doctrina del Ejecutivo, sobre todo la de los socialistas, que siempre ha mantenido que se debía derogar solo los aspectos "más lesivos" de la reforma del PP, que despojaba de derechos a los trabajadores y abarataba el despido, porque de lo contrario se entraría en un "vacío legal".

El entendimiento, anunciado por EH Bildu a las ocho de la tarde, cuando ya se había producido la votación de la alarma, causó un enorme desconcierto, dentro y fuera del Ejecutivo. Varios ministros desconocían en qué consistía el pacto, como Yolanda Díaz, de Trabajo, y Nadia Calviño, la vicepresidenta económica. Calviño mandó parar. Casi a las 12 de la noche, el PSOE rectificó, aclarando que la derogación (sin ninguna etiqueta) se haría de forma "urgente" (sin ninguna fecha): exactamente lo mismo que decía el pacto de coalición entre socialistas y morados, que nunca han acabado de ponerse de acuerdo sobre este asunto.

Pero ya era tarde. Los sindicatos y los empresarios se quejaron de no haber sido consultados. La patronal CEOE anunció que se levantaba de la mesa del diálogo social, pese a que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llamó a su presidente, Antonio Garamendi, para rebajar la tensión.

Montero también se ha esforzado este viernes en reducir el malestar de los agentes sociales. "El diálogo con empresarios y sindicatos es más importante que nunca. Solo desde el diálogo social vamos a llegar a acuerdos. Volvemos a trasladar que la intención del Gobierno es negociar en el marco del diálogo social", ha explicado la también ministra de Hacienda, alejándose por completo de lo pactado con EH Bildu, que en ningún momento hablaba de la negociación con las centrales y los empresarios. La portavoz ha dicho que "entiende" que Garamendi se "haya visto sorprendido" por el acuerdo parlamentario, pero ha confiado en que la CEOE se vuelva a sentar, porque su presidente "no es un patriota de boquilla".

TENSIONES INTERNAS

Pero la posición expresada por Montero no es compartida por todo el Ejecutivo. El jueves por la mañana, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, señaló que el pacto con Bildu se tenía que cumplir en todos sus extremos. Horas después, Calviño argumentaba todo lo contrario. "Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento", dijo sobre la derogación de la reforma laboral, ahondando en la imagen de división dentro del Ejecutivo, que cada vez se encuentra más solo a la hora de prorrogar el estado de alarma y ha logrado enojar a todos sus socios tradicionales, de ERC al PNV, pasando por Compromís y Más País, quienes se quejan de la falta de interlocución con la Moncloa.

Algunos miembros del propio Gobierno se lamentan también de lo mismo. Las decisiones, señalan, se toman en un grupo reducido de personas, el núcleo duro de Sánchez, mientras que muchos ministros son meros espectadores: se enteran de las iniciativas cuando estas son anunciadas. Ocurrió con la última prórroga, que pasó de 30 a 15 días sin que se debatiera en el Consejo de Ministros, y ha vuelto a ocurrir con el pacto con EH Bildu.

"En este Gobierno puede haber distintas sensibilidades, pero vamos todos a una", ha dicho sobre las diferencias internas Montero, que ha justificado el pacto con EH Bildu en el rechazo del PP y de ERC a apoyar el estado de alarma. La portavoz ha acusado a los conservadores de "dimitir de su responsabilidad"; a los republicanos, de estar inmersos en "una dinámica imposible".

"Este Gobierno está haciendo su obligación: amarrar sus apoyos para el estado de alarma ha señalado nada más comenzar su comparecencia junto al titular de Sanidad, Salvador Illa, sin que mediara pregunta alguna-. La aritmética parlamentaria necesita altura política. Volveremos a tender la mano a todos para llegar a acuerdos con los diferentes grupos políticos, las instituciones y los agentes sociales".

Es decir, el calvario de buscar apoyos para la prórroga volverá a producirse, salvo sorpresas, dentro de dos semanas. Porque el Ejecutivo sigue creyendo que el estado de alarma debe mantenerse hasta finales de junio.