La Guardia Civil contempla una "alta posibilidad" de que se produzcan "movimientos de conflictividad social" en España durante la desescalada y alerta de que "podrían aparecer, de manera puntual, algunas protestas o disturbios que alteren la tranquilidad social". En un documento que lleva el sello de 'confidencial' y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se indica que también podrían producirse "actos de sabotaje contra infraestructuras críticas o edificios vinculados a los partidos políticos".

La orden 21/20 Delta Papa, firmada por el teniente general Santafé, jefe del Mando de Operaciones, se titula 'Actuación de la Guardia Civil en el marco del Plan de Transición hacia una nueva normalidad'. Contempla también la posible aparición en esta fase de transición de protestas por motivaciones políticas o "de corte separatista”, en alusión a Cataluña.

Despedidos, agraviados y sin fiestas

El documento señala otros focos de protestas que pueden tener lugar en los próximos meses. Menciona expresamente posibles disturbios en zonas "más deprimidas económicamente", otros que podrían estar protagonizados por ciudadanos "afectados por erte o despidos" y las que puedan tener lugar en "áreas geográficas que se consideren marginadas por la aplicación asimétrica" del desconfinamiento.

Entre las posibles chispas para la protesta, la orden incluye también las que puedan generar un "aumento de las ocupaciones de vivienda". La Guardia Civil cree que otros disturbios de orden público podrán tener como origen "la prohibición por la autoridad gubernativa de las fiestas patronales" de una localidad u otras relacionadas con "fines de semana, festivos o periodo estival".

Para explicar esa previsión de protestas, el documento admite que "las restricciones económicas provocadas por el estado de alarma han afectado de manera grave a la economía española, lo que puede redundar en una crisis económica que repercutirá en los ciudadanos más desfavorecidos, que podrían ver desatendidas sus necesidades básicas".

Más vigilancia en redes

Ante ese riesgo de explosión social, la nueva orden anuncia que incrementará "la vigilancia de redes sociales para la identificación preventiva de posibles iniciativas o movimientos que generen o puedan generar conflictividad o alarma social". Añade que "habrá que tener en cuenta el empleo de internet para la generación de episodios de desinformación (bulos) así como de apología de quebrantamiento de las normas".

Tras la polémica desatada en abril por la investigación de bulos que "generasen desafección a instituciones del Gobierno", la Guardia Civil seguirá monitorizando las redes sociales. Y en esta nueva fase, lo hará "por la posibilidad de movimientos orientados a generar conflictividad social". Ese rastreo le servirá también para tener datos de la "aceptación general de las medidas restrictivas de cada fase" y para "identificar las posibles zonas, localidades o grupos sociales que sean más propensos a violar esas normas".

Vuelven los ladrones

La orden 21/20 afirma que la mayoría de la población ha aceptado las restricciones de forma generalizada, pero no descarta que, con la desescalada, se "incrementen las cifras de delincuencia", debido a "la necesidad de ingresos de los delincuentes, a que los servicios se dirigen prioritariamente a cometidos relacionados con la gestión de la crisis sanitaria y a que el aumento de la movilidad ayuda a enmascarar los desplazamientos de los delincuentes". La Guardia Civil señala expresamente que "podrían aumentar" los robos en viviendas, "sobre todo en segundas residencias", y también en establecimientos comerciales e instalaciones agrícolas y ganaderas.

En ese sentido, ordena que se preste atención a "todos aquellos centros de producción y establecimientos comerciales que vayan reanudando su actividad económica durante esta fase, al objeto de evitar pillajes y saqueos, así como a las infraestructuras críticas que se determinen".

Posible rebrote

En cuanto a la pandemia del covid-19, el documento afirma que el proceso de transición en España "se puede alargar varios meses" y que "podría incluso enlazar con una nueva situación de crisis sanitaria ante un rebrote de la enfermedad con la llegada del invierno".

Por eso, la Guardia Civil considera necesario "no descuidar" zonas con posibilidades mayores de contagio como "los centros hospitalarios y residencias de mayores". Y entre esas zonas de riesgo que deben ser vigiladas incluye también "los asentamientos chabolistas, (los) de temporeros o de inmigrantes irregulares, donde resulta más complicado observar las medidas higiénico sanitarias para evitar la expansión de la infección".

Ciudadanos "fatigados", guardias "flexibles"

La orden dedica un capítulo titulado a la "actitud ante el servicio" en la que recuerda a los guardias civiles que "algunos ciudadanos han perdido seres queridos o conocidos" o tienen a otros hospitalizados. Considera que los ciudadanos en general han sufrido "penosidad adicional" por las restricciones del estado de alarma y contempla que algunas personas sufran ya "situaciones de fatiga" en el cumplimiento de las normas.

Por eso, advierte a los guardias civiles que esos ciudadanos 'fatigados' pueden protagonizar "desahogos de la tensión acumulada con ocasión de las interacciones" con ellos cuando vayan a recriminarles el incumplimiento de las normas. Cuando eso ocurra, se ordena a los guardias civiles respetar principios de "congruencia, proporcionalidad y oportunidad", velando siempre por "romper la cadena de contagios", pero actuando "de manera flexible y con sentido común en aquellas situaciones que generen dudas de interpretación" entre los ciudadanos, de los que admite que pueden sufrir "confusión". Los guardias civiles deberán, por tanto, "extremar la corrección" cuando identifiquen a ciudadanos que infringan las normas, especialmente si entre los implicados hay menores de edad.