El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un real decreto para agilizar la justicia y evitar que colapse cuando finalice el estado de alarma y los juzgados no deban solo pronunciarse sobre los declarados servicios esenciales, entre los que figuran, los detenidos y la violencia de género. Se prevé que se prolongue durante tres meses y entre sus principales medidas cuente con la habilitación del mes de agosto.
Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado que el borrador del real decreto se ha facilitado a todas las comunidades autónomas, colegios profesionales, asociaciones de jueces y fiscales y sindicatos de funcionarios para recabar su opinión sobre las medidas que se adoptarán. Incluso han añadido que partió del consejero de Justicia madrileño, Enrique López, la propuesta de habilitar del mes de agosto, tradicionalmente inhábil en justicia, cuando solo funciona para las diligencias realmente urgentes, como las comparecencias de detenidos.
López, además, es el responsable de Justicia del PP, cuyo presidente, Pablo Casado, se mostró este lunes muy crítico con la forma elegida por el Gobierno para abordar estas medidas destinadas a evitar que la justicia colapse cuando se levante el estado de alarma, entre las que también figura una reorganización de la jornada de los funcionarios para que parte de ellos trabajen por la tarde.
El presidente del PP ha asegurado que no apoyará el decreto del Gobierno, porque una ley orgánica "no se puede modificar por real decreto". Fuentes del ministerio, no obstante, sostienen que eso es posible, porque las modificaciones afectan a aspectos concretos de esas leyes. Por su parte, Casado añadió que el Gobierno había puesto a la justicia "en la diana" y resaltó la importancia de la independencia judicial.
