El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han avanzado este jueves en la aplicación del toque de queda para toda España pero la decisión se ha aplazado hasta conocer el resultado de un informe jurídico. Éste debe resolver las discrepancias sobre si es o no necesario declarar el estado de alarma para implantarlo, como sostiene el Gobierno.
En la reunión del Consejo Interterritorial de Salud los consejeros de Sanidad de todas autonomías han expuesto su particular visión de la medida. Todos las han visto de forma favorable aunque desde ángulos muy distintos. Castilla y León y la Comunidad Valenciana, por ejemplo, han pedido que se imponga en su territorio, independientemente de si extiende o no a toda España.
Castilla-La Mancha ha pedido que el toque de queda se aplique en toda España pero si la propuesta se rechaza no la implantará en su región. "No creemos que sea útil un toque de queda si nuestros habitantes se pueden ir de marcha Madrid", indicaron fuentes de la presidencia de esta autonomía, que se mostraron abiertas, eso sí, a contemplar algunas excepciones, como las de los territorios insulares.
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Andalucía también se ha sumado a la petición pero circunscribiendo el ámbito de aplicación a Granada y su área metropolitana, al margen de que también la solicitará para el conjunto de España. Cataluña, Euskadi, Galicia y La Rioja se han mostrado abiertas a considerar la medida si ayuda a controlar la expansión del virus pero las dos primeras han exigido que la decisión de adoptarla y del momento en que hacerlo les corresponda a ellas.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid fue el primero en lanzar la idea para toda España, pero luego el equipo de Isabel Díaz Ayuso lo desmintió.
Estado de alarma si o no
El criterio adelantado en los días anteriores por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es que si una comunidad pide el toque de queda, se tramitará, pero a través de la declaración del estado de alarma, siempre que el PP esté de acuerdo, porque una vez pasados los 15 días iniciales, la prórroga debería ser validada por el Congreso. No quieren repetir los apuros de la pasada primavera en la que la voación de cada prórroga era un agonía. Los grupos independentistas se oponen a una alarma general en España impuesta desde el Gobierno.
No todo los juristas ni las autonomías comparten que sea necesario el estado de alarma para declarar el toque de queda. Andalucía, por ejemplo, ha elevado una consulta a su Tribunal Superior de Justicia por si puede implantarlo en Granada sin necesidad de recurrir a ese instrumento jurídico excepcional que el PP anatemizó durante la primera ola de la pandemia.
Valencia, hasta el 9 de diciembre
La decisión de la Comunidad Valenciana se ha conocido después de que su presidente, el socialista Ximo Puig, haya anunciado que pedirá el toque de queda durante la madrugada -de 0.00 a 6.00 horas- hasta el 9 de diciembre. Aunque la situación de la región no es aún comprometida, Puig y los agentes sociales han coincidido en que "permitiría hacer compatible la actividad económica y la lucha sanitaria contra la pandemia".
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha explicado que ha formalizado su petición a través de una carta a Pedro Sánchez ante las previsiones "dramáticas" para las próximas semanas en su región. "Las cifras apuntan a la posibilidad de que se pueda provocar de nuevo un colapso sanitario y no tomar medidas en este momento sería una irresponsabilidad", ha defendido el dirigente de Ciudadanos.
El resto de autonomías
Asturias mostró días atrás su disposición a estudiar la posible aplicación de esta medida con carácter nocturno si el Ejecutivo considera puede ser eficaz. Cataluña también tiene el toque de queda sobre la mesa dada la mala evolución de los datos del virus en la comunidad.
Por su parte, el lendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado "abierto a la reflexión" sobre la adopción de un nuevo estado de alarma en el Estado y la aplicación del toque de queda, pero si antes se han tomado todas las medidas preventivas y no han sido suficientes, y si su aplicación es gestionada desde las comunidades autónomas.
La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha avanzado que aunque entre las medidas restrictivas adoptadas para su comunidad -como su cierre perimetral- no está el toque de queda, esta cuestión "se adoptaría también si fuera necesaria, una vez que el Gobierno de España articule su figura legal".
El conselleiro gallego de Sanidad, Julio García Comesaña, ha considerado que esta herramienta es "interesante", pero ha pedido criterios objetivos para determinar cómo y en dónde se aplica y también definir exactamente "qué es".
Por el contrario, Canarias, la región con los mejores indicadores de todo el país, pedirá que se le excluya si el Gobierno establece un toque de queda para todo el país, ha anunciado el presidente del archipiélago, Ángel Víctor Torres. Tampoco Baleares se plantea por ahora implantar el toque de queda porque allí no es una "medida prioritaria", según ha dicho el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz.
