La situación originada por el decreto de alarma está generando incertidumbre en el sector de la construcción. Este es uno de los que no está afectado por las restricciones y por tanto la actividad se puede desarrollar con normalidad siempre que se cumplan con los requisitos de seguridad laboral que se han impuesto en todos los centros de trabajo para frenar la propagación del coronavirus. En general la actividad continúa en la actualidad en las obras, pero ayer desde Pymecon, la Federación Regional de la Pequeña y la Mediana Empresa de Construcción y Afines en Extremadura, plantearon que se paralizaran por decreto, las obras de construcción y en especial las de edificación.

«Es muy complicado cumplir con las normas de transporte (no puede ir más de una persona por vehículo, con lo que no se pueden movilizar cuadrillas como es habitual), con hoteles y restaurantes cerrados no se puede atender a los trabajadores de distintos oficios que se desplazan a la región y las empresas se encuentran en la encrucijada de no poder paralizar las obras de forma unilateral porque los contratos que tienen firmados conllevan en muchos casos penalizaciones», analiza José Luis Iglesias, gerente de Pymecon.

Protección

El colectivo alerta también de las dificultades para proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección individual y recuerda además la idiosincrasia del propio trabajo de la construcción: «están en un mismo espacio varias personas de una cuadrilla, cada uno con su tarea y compartiendo herramientas». «Entiendo que en las obras al aire libre quizás sí se puede garantizar la seguridad, pero en espacios cerrados, eso no es posible ahora mismo con las dificultades para encontrar mascarillas y otros elementos de protección», lamenta.

Junto a eso, el colectivo recuerda que la paralización que sí afecta a los plazos de las liciticaciones o los registros electrónicos, va a dificultar que se puedan firmar las certificaciones necesarias para que las empresas puedan cobrar por los trabajos realizados.

Desde Fecons, sin embargo, entienden que no se puede plantear una paralización de la construcción, de la que dependen 24.000 empleos en Extremadura, según los últimos datos del observatorio del sector. «Para algunas empresas esa medida podría ser contraproducente porque les impediría poder facturar, mientras tienen que hacer frente a pagos de facturas o de tributos», recuerda Joaquín Sánchez, secretario de Fecons.

En este caso plantean que se flexibilicen las condiciones y que sí se permita paralizar los trabajos cuando no se puede garantizar la seguridad, por ejemplo en obras en domicilios particulares, donde por las dimensiones de la zona de trabajo no se pueden cumplir con las distancias mínimas decretadas. «Lo que necesita el sector ahora es que nos faciliten el trabajo, que se puedan hacer los desplazamientos con garantías, que puedan abrir las ferreterías y que no se pongan trabas a los almacenes de materiales de construcción», apunta. En estos últimos se generó cierto caos la semana pasada porque inicialmente se les prohibió la apertura en Cáceres aunque luego se levantó esa limitación. Desde Fecons advierten además que el confinamiento en Arroyo de la Luz ya está ocasionando problemas en muchas obras de Cáceres porque de esta localidad proceden muchas empresas de forjados.

No se prohibe

El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, se refirió ayer a esa cuestión y recordó que el Real Decreto del estado de alarma no ha prohibido esta actividad, aunque sí establece que las empresas constructoras «deben dotar a los trabajadores de todos los medios de protección» y también «reforzar las medidas de precaución marcadas por las autoridades sanitarias, en cuanto a distancias e higiene, con las limitaciones de personas en coches para traslados». La Junta recuerda que son los servicios de prevención de las empresas los que deben actuar para que estas medidas se cumplan.

Dos peticiones para parar

La obra pública mantiene de momento la actividad en la región y, según confirman desde la Junta de Extremadura (de la que dependen las principales inversiones de obra pública más allá de la alta velocidad), hasta ahora «no se han suspendido obras ya contratadas ni tampoco se han dado instrucciones hasta ahora para que se paralice ninguna obra», señalan fuentes de la administración regional.

En todo caso, dentro de este contexto, la Junta sí que ha recibido por el momento dos solicitudes para proceder a la paralización de los trabajos: una de las peticiones es de una actuación de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad y otra depende de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, referente a la construcción de tres viviendas en La Cumbre.

Más allá de la situación actual de las obras ya en marcha, hay unas 400 actuaciones en suspenso, según los datos de la plataforma de contratación, por efecto del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, que establece la suspensión de plazos administrativos en todo el sector público. Se reanudarán cuando pierda vigencia el estado de alarma.

Esto quiere decir que las contrataciones que estaban en trámite, es decir, en proceso de licitación, han quedado en suspenso: las licitaciones abiertas se paran y las que habían iniciado ya el estudio de las ofertas se suspenden puesto que las mesas de contratación, que son una parte de los trámites del proceso, no se pueden celebrar.

La disposición adicional tercera establece que «se valorarán las circunstancias concurrentes en cada una de las licitaciones públicas en tramitación, para acordar o no la continuación de la misma», aunque esto está contenmplado especialmente para todas las icitaciones relacionadas con la lucha contra la expansión del coronavirus.

Desde la Junta señalan que las decisiones en este sentido se adoptarán «bajo la premisa de que el funcionamiento de la administración pública, debe garantizar el funcionamiento básico de los servicios y adaptarse a las circunstancias.