La jueza que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8-M ha decidido archivarla provisionalmente al no ver suficientes indicios de delito.
La jueza concluye tras las diligencias de investigación practicadas que Franco "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" entre el 5 y el 14 de marzo.
