Dotación de material para los centros sanitarios y asistenciales de Plasencia y la zona norte. Es lo que ha requerido el juzgado de lo Social número 1 de Plasencia a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta, la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud y las gerencias de las áreas de salud de Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata. Primero, en un auto del 1 de abril, lo pidió «en el término de 24 horas» y después, en otro auto del 3 de abril, en el plazo «más breve posible», según han señalado desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El requerimiento es para la provisión de batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección y contenedores grandes de residuos a todos los centros hospitalarios, centros asistenciales de Atención Primaria, servicios de emergencias, de asistencia rural, centros con pacientes institucionalizados, así como a todos los demás centros asistenciales, públicos o privados, y otras dependencias habilitadas para uso sanitario de estas tres áreas de salud.

Ambas disposiciones, contra las que cabe recurso de reposición, que la Junta ya ha presentado, según afirmó ayer el consejero de Sanidad, José María Vergeles, las ha dictado el juzgado placentino tras una petición del Sindicato Médico de Extremadura de medidas cautelarísimas con el fin de "garantizar la salud y protección de los profesionales sanitarios". La solicitud está fundada en la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma y en las normas procesales que regulan las medidas cautelares.

Riesgo para la salud

El auto del día 1 de la magistrada del juzgado señala que, en la provincia de Cáceres, "se trata de un hecho notorio y público, no necesitado de prueba, que los profesionales del ámbito de la salud pública están prestando servicios sanitarios con muchas dificultades para evitar la propagación de la enfermedad y el contagio en los propios profesionales de la sanidad debido a la falta de medios de protección y dicha falta de medios es un riesgo no solo para la salud de tales profesionales sino también para la de los pacientes, los familiares y en general la ciudadanía".

Añade que "las cifras de contagios por coronavirus son elevadas entre los profesionales sanitarios y las entidades demandadas asumen el deber de garante de la salud e integridad física del personal sanitario, en su condición de titular de los medios para su protección".

Así, el juzgado estima la solicitud del sindicato médico, que deberá presentar la demanda correspondiente en un máximo de 20 días. Por su parte, la administración demandada deberá "acreditar, en su caso, que sí ha llevado a cabo las actuaciones pertinentes para dotar al personal sanitario de medios de protección eficaces". A ambas partes las ha citado la próxima semana.

El Sindicato Médico de Extremasura, Simex, se ha felicitado por este auto y ha destacado que la misma solicitud se presentó en los juzgados de lo Social número 2 de Cáceres y número 3 de Badajoz y "no han sido estimadas".

Es un dato que ha recordado el consejero de Sanidad, quien ha manifestado que su obligación era recurrirlo porque "entendemos que los profesionales disponen de los equipos de protección individual necesarios para poder abordar esto".