El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Mérida ha denegado las medidas cautelareas solicitadas por el sindicato PIDE ante la instrucción de la Consjería de Educación que ordenaba la apertura de los centros educativos desde el pasado 18 de mayo. Ese mismo día, el sindicato solicitó al juzgado la suspensión de la orden que obligaba a los equipos directivos y personal de administración y servicios a reincorporarse a los centros. El juzgado señala que la instrucción recurrida es la reproducción de una Orden del Ministerio de Sanidad como único argumento para permitir la apertura de los centros. Un argumento que a PIDE le parece «con poco fundamento».
El sindicato insiste que en Extremadura no está garantizado el derecho a la salud y a la intregridad física de los profesores ni de los alumnos con las instrucciones dadas para la apertura de los centros. «Las medidas que adopta la Junta son insuficientes, inconcretas, y en muchos casos de imposible cumplimiento, además los equipos directivos no son expertos en Riesgos Laborales ni epidemiólogos para aplicar la orden ministerial, ni la profusa cantidad de medidas que dicen los expertos». Y asegura que volverá a llevar ante la justicia la siguiente instrucción de Educación que determine la vuelta a las aulas de los docentes y los alumnos.
