El aluvión de expedientes de regulación temporal de empleo (erte) a cuya presentación se están viendo abocadas las empresas, junto a las muchas dudas en materia fiscal, mercantil o laboral que plantean la crisis del coronavirus y las medidas anunciadas por la Administración están sobrecargando de trabajo estos días a las gestorías y asesorías. «Empezamos a estar desbordados», resume José Manuel Mariño, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Extremadura y secretario del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España.

La gran mayoría de las gestorías y asesorías extremeñas han continuado prestando sus servicios tras la declaración del estado de alarma. Muchas de ellas con teletrabajo, y las que requieren de «más papeles» e implantar esta alternativa les resulta más complicado, desde sus oficinas, si bien «cerradas a cal y canto».

Únicamente están bastante paradas las gestorías centradas en asuntos de tráfico, al acusar el descenso de las tramitaciones relativas a vehículos, lo que ha hecho que algunas «estén planteándose ajustes de plantilla». En cambio, en materia fiscal, laboral y mercantil «estamos a tope». «Hay incertidumbre y confusión. Nos están llamando todos los clientes para ver las medidas que tienen que adoptar ante la situación actual».

Los despidos temporales están centrando buena parte del trabajo de estos días. «Todo el mundo ha empezado a acogerse a ellos», detalla Mariño. Solo en su despacho ya había encima de la mesa el pasado martes un centenar de ellos. «No se da abasto». No obstante, matiza que todavía no está del todo definido el alcance que tendrá esta medida. «En principio se dice que son para aquellas empresas que, según el decreto, no pueden trabajar, pero no está claro si las que están cerrando porque no tienen clientes y no les compensa seguir pueden acogerse también al erte por causa de fuerza mayor», sostiene.

Otra cuestión es la solicitud de la prestación por desempleo, que en circunstancias normales, si no estuviesen las oficinas de empleo cerradas, podría realizar el trabajador. Y con muchas empresas también inactivas, «nos piden a nosotros hacerlo, pero no podemos, entre otras cosas porque en muchos casos no tenemos los datos de los trabajadores», precisa. Además, agrega, «la gente piensa que se va a cobrar de forma inmediata». Sin embargo, «los expedientes hay que tramitarlos y las plantillas de los organismos oficiales están a medio gas».

Medidas poco claras

En general, a juicio del presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Extremadura, las medidas anunciadas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en las empresas «no son claras y muchas de ellas están por concretar».

Igualmente, explica que «se ha subvertido toda la normativa: las normas laborales, fiscales, mercantiles, procedimientos administrativos, normas procesales y jurídicas, de concursos de acreedores... y se quiere resolver esto en una semana, que es imposible, aunque los profesionales estemos haciendo un esfuerzo para aclarar la situación».

Especialmente en desacuerdo se muestra con las decisiones del Gobierno en materia fiscal. Desde diferentes colectivos se están pidiendo para empresas y autónomos el aplazamiento de los abonos del IVA y de las cuotas a la Seguridad Social, así como los pagos fraccionados de Sociedades o las retenciones del IRPF. De momento, sin éxito. «Lo que se está haciendo fiscalmente a las empresas es un auténtico crimen, no tiene otro calificativo, porque la gente va a salir de esto sin un euro y muy tocada». En este sentido, considera que las medidas fiscales planteadas se están quedando a medio camino «y no van a solucionar el problema».

Mariño incide también en la situación en la que las empresas tendrán que retomar su actividad. «El mayor problema no es esta semana, ni la que viene, sino que esto se va a alargar mínimo un mes. Y luego, ¿dónde arrancan las empresas? La gente estará con miedo, el consumo caerá una barbaridad, la inversión se va a parar. El día después de esto se va a pasar muy mal».