Más de 1.700 mayores esperan plaza pública en una residencia

La covid-19 ha golpeado con especial crudeza a estos centros, donde residen las personas más vulnerables a esta nueva enfermedad. Más de 530 extremeños que vivían en residencias de mayores han fallecido por coronavirus desde que comenzó la epidemia, casi el 62% del total de las víctimas extremeñas por la pandemia. La mayoría de esos fallecimientos se produjo durante los primeros meses de la crisis sanitaria. Entre mediados de marzo y principios de julio murieron 432 mayores. Tras el dramático balance diario, llegó una buena noticia: el 2 de julio todos los centros residenciales extremeños quedaron libres de covid-19. Y vivieron tranquilos durante 33 días. Pero a principios de agosto, de nuevo, el virus volvió a entrar en una residencia, la de Castuera. Entonces empezó para ellas la segunda oleada del covid y hasta el pasado lunes han fallecido otros 104 mayores en residencias de la región en esta segunda ola.

Pero pese a la trágica situación vivida en algunas de ellas (en la región hay 324 residencias para mayores, 79 registraron casos en la primera ola y 53 en la segunda), el interés o la necesidad de acceder a estos servicios no ha cesado en Extremadura. Desde el pasado mes de marzo, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha recibido 453 nuevas solicitudes para el ingreso de personas en situación de dependencia en residencias o plazas públicas. No obstante, desde la gerencia del Sepad, también reconocen que se han producido algunos rechazos de mayores que estaban a la espera de lograr una cama libre, aunque «no han sido significativos». «A pesar del miedo y de lo difícil que ha sido la vida en algunos centros, la gente sigue confiando en las residencias y quiere ingresar porque hay cuidados y necesidades que atender», valora el director gerente del Sepad, José Vicente Granado.

Con estas nuevas solicitudes, en la actualidad las listas de espera para obtener una plaza residencial pública en la comunidad suman 1.747 personas (en 2018 eran 1.420 ancianos en lista de espera). Todas ellas se encuentran en una situación de dependencia, «pero no significa que estén en su casa esperando; la mayoría de esas personas están ya en residencias (privadas o municipales costeadas una parte por la ley de dependencia), en centros de día o cuentan con ayuda a domicilio, pero no hay 1.700 personas sin atender», insiste Granado.

Ingresos al ralentí

La pandemia ha sido determinante para el incremento de esta lista de espera, ya que las incorporaciones se han visto ralentizadas en los últimos meses. Desde que comenzó la crisis sanitaria se vienen cubriendo las plazas vacantes en los geriátricos, pero solo en aquellos que no tienen restricciones por el covid-19. «Los ingresos se están viendo afectados en la medida en que aparecen casos positivos en los centros». Y es en estos en donde se restringen los nuevos ingresos «hasta que se produce el alta epidemiológica del último caso positivo». Además, añade Granado, los planes de contingencia frente al coronavirus establecen que estos centros deben tener plazas libres para realizar aislamientos y gestionar casos positivos ante posibles rebrotes. «Esta medida supone que el 20% de las plazas de nuestras residencias no se puedan ocupar ahora mismo y son muchas plazas, por eso crece también la lista de espera». Aún así, destacan que «se ha continuado con los ingresos para aquellas situaciones de emergencias que se han producido». También que se está requiriendo en todos los ingresos la confirmación por PCR negativa de que el nuevo residente está libre de coronavirus.

El alza del envejecimiento

No obstante, pese a las bajas que está provocando el covid en estos centros residenciales, parece difícil acabar con la lista de espera. La razón principal hay que buscarla en las propias características demográficas de la región: el incremento de la población mayor de 65 años (ahora son el 20,9%, pero en quince años la previsión es que sean el 30,6% del total de la población extremeña) y el aumento de la esperanza de vida (ronda los 83 años, casi tres más que en el 2005).

Ante esto, la administración reconoce que «resulta necesario seguir apostando por un aumento efectivo de plazas públicas residenciales y de centros de día para personas mayores en situación de dependencia». Esta es una de las conclusiones a las que llega después de analizar la situación actual. En total, Extremadura cumple lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS): supera las cinco plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años (tiene 6,82 de media). Pero si se atienden solo a las plazas que son públicas (y más asequibles económicamente), la situación empeora. La región tiene 3,82 camas públicas en residencias por cada cien extremeños que superan 65 años y apenas dos si se contabilizan solo a las personas en situación de dependencia.

Nuevas plazas

Y tampoco están distribuidos geográficamente esos recursos de forma equitativa. Por eso, el Sepad está trabajando en un plan para aumentar la oferta de plazas públicas y reducir las listas de espera. Y se logrará con tres actuaciones principales. Por un lado, el Sepad va a añadir 120 plazas residenciales más a su oferta antes de que termine este año a través de los centros municipales. «Ya estamos haciendo los trámites con los ayuntamientos para concertar nuevas plazas que serán para dependientes de grado 2 y grado 3».

Además, se está trabajando en un nuevo decreto de subvenciones destinado a los consistorios para ampliar muchas más plazas por esta vía. «El número dependerá de los presupuestos y cubrirá las necesidades que tenemos de plazas públicas en los pueblos». Y por último, hay una tercera actuación que estará en marcha el 1 de diciembre, cuando comenzarán a funcionar otras 190 camas de alta intensidad sanitaria (para personas que necesitan más cuidados) que estarán en residencias privadas pero serán públicas.

Concertadas

El objetivo final «es que todos los municipios con residencia tengan como mínimo el 25% de sus plazas para dependientes concertadas con nosotros y llegar al final de la legislatura con un 50% de esas plazas cubiertas por el Sepad», cuenta Granado, que descarta por ahora nuevos centros.

Con eso se consigue, además de aumentar la oferta de plazas públicas, «que los centros residenciales municipales, con nuestro apoyo, sean sostenibles económicamente y lo más importante, que los vecinos de los pueblos que tienen residencia puedan quedarse en sus mismos municipios». Hay que recordar que los mayores dependientes pagan entre el 65% y 75% de su pensión en una plaza pública, mientras en las privadas y municipales tienen que abonar los que estas establezcan (en el caso de las plazas que estén vinculadas al Sepad tienen ayudas de la ley de la dependencia). «Lo que tenemos claro es que debemos llegar al mayor número de plazas públicas posibles porque nuestra gente en Extremadura no tiene grandes pensiones»

«Meter médicos en las residencias es imposible»

Al margen del objetivo del Sepad de incrementar las plazas públicas, la grave situación de algunos centros residenciales durante la pandemia ha dejado varias lecciones. «Nos ha enseñado los modelos de cuidados y atenciones que debemos implantar en nuestro sistema. Nuestros centros son hogares, centros de vida, no son centros sanitarios. Pero es cierto que la pandemia nos ha hecho ver que hay cosas sobrevenidas, como este virus, a las que tenemos que saber que dar una respuesta», explica el gerente del Sepad, José Vicente Granado. Y para eso, hay que hacer cambios. ¿Cuáles? «Estamos hablando de un modelo residencial nuevo, cuya primera pata es prevenir que la gente ingrese en un centro residencial y fomentar la atención en su propio hogar con ayuda a domicilio, televigilancia avanzada, servicio de aseo, catering...». La segunda parte del cambio tiene que ver con un nuevo decreto para los trabajadores de estos centros. «Es necesaria la formación sanitaria para esos profesionales. Meter médicos es imposible porque no hay y porque son hogares, pero sí se necesitan profesionales más formados».

El tercer cambio será la creación de módulos con cuidados médicos y de enfermería que deberán implementarse en al menos una residencia de cada área de salud. «Estamos pendientes de los fondos europeos para poder realizar la inversión que suponen».