"Es normal que cada ocho días suban tres niñas con un hombre", contaba Maité, camarera de El Castillo VIP, a la revista 'Soho', cuando el prostíbulo era un emblema de la Bogotá oscura. Empresarios, ganaderos y mafiosos se internaban en sus habitaciones de lujo bajo la promesa de placer y reserva absoluta. Seis años atrás, su presunto administrador dijo que estaba asociado en el negocio con un general de la policía. Fue un escándalo. Las investigaciones determinaron luego que el lupanar en el barrio Santa Fe pertenecía al narcotráfico. El Castillo VIP se derrumbó. Los restos del burdel que, según el diario 'La República', había sido "un exceso de lujuria y extravagancia", quedan ahora a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Ahí se trasladarán presos infectados de covid-19 para que no contagien al resto de la población carcelaria.
Al igual que El Castillo VIP, otros bienes decomisados a los narcos y distintas mafias se están utilizando en Colombia para ayudar en la lucha contra una pandemia que ha matado casi 500 personas e infectado 11.000. El hotel Benjamin, en la norteña ciudad de Santa Marta, formaba parte de una red de trata de blancas. Sus camas ahora alojan a enfermos de coronavirus. En Colombia rige desde el 2014 una ley que permite al Estado quedarse con los activos pertenecientes al narcotráfico, la prostitución, el terrorismo o el lavado de dinero. La figura jurídica se conoce como "extinción de dominio". Una vez que los tribunales decomisan las propiedades o el dinero, son administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Normas similares en varios países
Argentina aprobó en el 2019 un régimen similar, que también a su modo rige en Bolivia, Perú y México. En el 2016, el exsecretario de Obras Públicas del Gobierno kirchnerista, José López, fue detenido por la policía cuando intentaba esconder en un convento un bolso con nueve millones de dólares. López nunca dijo qué empresario le había pagado semejante suma. La justicia le permitió convertirse en arrepentido. López apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner, pero sus acusaciones no condujeron a nada. Ahora, un cuarto de los billetes incautados que están en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) servirán para equipar a un hospital pediátrico que cumple un rol vital en la contención del coronavirus.
La AABE también entregó a las autoridades de la norteña provincia de Salta dos hoteles que alojarán a personas procedentes de zonas de riesgo. Pertenecían al clan Loza, una banda de narcos argentinos, peruanos y bolivianos que fue desarticulada hace dos años. Un proyecto de opulenta urbanización en el norte bonaerense presuntamente financiada por un cartel colombiano servirá en adelante como centro de diagnóstico del covid-19. En otros casos menores la AABE obró con un criterio análogo.
"En un momento de grave crisis económica y sanitaria, es encomiable el esfuerzo de los jueces de reorganizar su trabajo en función de esta nueva realidad", señaló el presidente de la Asociación de Jueces Federales Ajufe de Brasil (Ajufe), Fernando Mendes. Numerosos magistrados han dictado sentencias en casos de corrupción que asignan recursos y equipos médicos para ayudar a combatir la pandemia. El presidente Jair Bolsonaro, tan preocupado por el funcionamiento de la Justicia, al punto de nombrar al pastor evangelista André Luiz de Almeida Mendonça como nuevo ministro, pasó por alto el gesto de los tribunales. El fin de semana se ha dedicado al esquí acuático. Total, para él el covid-19 es "una gripecita".
