Las principales provincias argentinas se negaron a poner en marcha la flexibilización de la cuarentena que había anunciado el presidente Alberto Fernández. Tras extender las medidas de autoaislamiento hasta el próximo 10 de mayo, el Gobierno peronista destacó que, frente a los éxitos parciales en la lucha contra el coronavirus, la nueva fase del aislamiento social incluiría algunas excepciones favorables a la población. "Vamos a autorizar que diariamente toda persona pueda salir durante una hora en un radio de 500 metros de su casa con fines de esparcimiento", dijo. El mandatario explicó que ese permiso significaba en los hechos "exponerse más al virus". Por lo tanto, las salidas, subrayó, "serán con mascarillas y tapabocas, manteniendo la distancia obligatoria y la higienización de manos y ropas".

Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires y la provincia del mismo nombre, así como las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Misiones que en suman casi el 70% de la población total del país, decidieron este domingo que no permitirán la breve recreación de niños, niñas y adultos. Peronistas tradicionales, kirchneristas y hasta la derecha, como es el caso del alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunciaron en conjunto y señalaron que "en aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral no se permitirán las salidas de esparcimiento". Por lo tanto, "el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantiene sin modificaciones.

En Argentina se han computado 192 muertes y 3892 contagios. Fernández destacó esos números el pasado sábado. Remarcó a su vez que esas cifras son resultado de un esfuerzo colectivo de enormes costos económicos que ha comenzado a mediados de marzo, cuando comenzó la cuarentena. Argentina, añadió, ha logrado "hacer más lento" el avance del virus. En abril, "los casos se multiplicaron cada 10,3 días y en la actualidad "se duplican cada 17 días".

Los miedos

Las explicaciones del jefe de Estado no convencieron a las autoridades provinciales. Las dudas se disiparon después de comprobar las dificultades que ha tenido lugar en España en el primer día de desconfinamiento. Consideraron en ese sentido muy riesgoso exponerse a una situación difícil de controlar. La policía, señalaron, no estaría en condiciones de vigilar si miles y miles de personas salen a la vez a la calle y cumplen con la distancia social, el uso de mascarillas y el tiempo permitido para caminar. Pero, además, se presentan nuevos frentes de tormenta en las ciudades más pobladas que obligan a redoblar esfuerzos: las residencias de ancianos y las cárceles. Los casos de covid-19 registrados en dos geriátricos encendieron las alarmas. Solo en la ciudad de Buenos Aires existen 500 establecimientos similares. En cuanto a las prisiones, el coronavirus ya llegó a una de ellas. "Nos negamos a morir en la cárcel", dijeron los presos que llevaron adelante un motín en la unidad penitenciaria de Devoto para exigir arrestos domiciliarios por la pandemia.

El ministro de Salud, Ginés González García, negó la existencia de un "cortocircuito" entre el Gobierno y las provincias. "En un país federal los distritos tienen potestades y decisiones, y ellos decidieron que una de las alternativas en los grandes centros urbanos donde, no solo circula el virus sino que se puede perder el control, era no permitir las salidas". Los gobernadores, añadió en ese sentido, "están bastante reacios a soltar las riendas. Algunos miran lo que ocurrió en otros lados como España o Estados Unidos, donde se intentó una medida parecida y la gente no obedeció". De acuerdo con el funcionario, "la medida en sí no es el problema, el tema es el incumplimiento".