La renta básica llegará a 1.766 nuevos preceptores en abril

Ambos decretos han salido adelante con el apoyo socialista y la abstención de los grupos de la oposición (Cs también ha votado a favor del de medidas sociales y sanitarias), que hoy ha vuelto a criticar la falta de transparencia de la Junta en la gestión de la emergencia sanitaria o la falta de consideración hacia sus propuestas. La sesión se ha desarrollado con un quórum reducido de 25 diputados y ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del covid-19. Posteriormente se ha leído una declaración institucional con motivo del Día de Europa (se celebra el 9 de mayo) en la que, ante la pandemia actual, la Cámara aboga por garantizar el compromiso de unidad, cooperación y solidaridad que constituyeron “los cimientos y la razón” del proceso de integración europea.

Según ha explicado la vicepresidenta, el decreto-ley de medidas extraordinarias en materia de política social y sanitaria busca atenuar el impacto de la crisis en los más desfavorecidos, con medidas que complementan a las que ya puso en marcha el Gobierno central, entre ellas la prohibición de los cortes de agua y luz o la moratoria en el pago de hipotecas. Con la nueva normativa la Junta suaviza los requisitos para el acceso y la renovación de la renta básica, que se prorrogará de forma automática para todos los beneficiarios hasta un mes después del estado de alarma. Durante el mes de marzo ha vencido la prestación de 294 beneficiarios, de los cuales constaba la renovación de 117. Para los 177 restantes se ha dictado la prórroga automática y en un plazo de cuatro meses desde la finalización del estado de alarma, se comprobarán los requisitos y se solicitará la devolución de las cantidades indebidamente percibidas si las hubiera.

Desde comienzos de año se han ordenado un total de 8 millones de euros en pagos y el mes de abril se incorporarán 1.766 nuevos preceptores, una cifra muy superior a los 464 nuevos beneficiarios de enero, los 759 de febrero o los 391 expedientes que se cursaron en marzo. En este último mes, el número total de beneficiarios fue de 3.966 y el aumento de beneficiarios para abril, según los datos facilitados por Blanco-Morales, alcanza el 77%. “Desde el primer momento, atender especialmente a las personas vulnerables es una prioridad de la Junta”, ha señalado Blanco-Morales.

Además de la flexibilización de la renta básica, el decreto de medidas sanitarias y sociales también arbitra instrumentos para mantener la atención del Marco de Atención a la Dependencia de Extremadura (Madex) con nuevos precios de para los servicios adaptados al último convenio y agilizar la tramitación y renovación de los conciertos sociales. Blanco-Morales ha detallado que esta medida alcanzará a 40 entidades que prestan 125 servicios concertados, de los que se benefician 6.289 personas y se mantienen 2.523 empleos. En materia sanitaria, se elimina el requisito de nacionalidad en el nombramiento del personal estatutario para determinadas especialidades médicas, siempre con sus títulos homologados, que ayudará a paliar la carencia de especialistas.

Los grupos de la oposición han afeado a la Administración el retraso en el pago de las prestaciones, que según ha denunciado la portavoz de Unidas Podemos, Irene de Miguel, en algunos casos se extiende hasta cinco meses. Así, ha recordado que “detrás de los números y los informes hay familias, tragedias humanas”, y ha lamentado que la Junta haya desistido de la propuesta de su grupo de implementar una tramitación simplificada de la renta básica por vía telefónica, como ha hecho por ejemplo Canarias. Por su parte, Ciudadanos ha pedido que la renovación automática se aplique a todas las que se concedieron desde diciembre. La diputada Encarnación Martín Andrada ha criticado que la Junta “sigue llegando tarde” y por ello ha pedido que se amplíe el número de trabajadores y educadores sociales ante el colapso que se prevé en los servicios sociales una vez que el estado de alarma finalice. Desde el PP, Cristina Teniente ha señalado que la exposición de motivos del decreto “no vale ya ni como declaración de intenciones” tras los efectos de la pandemia, sobre todo en las residencias de mayores. Los populares consideran que se debería consultar a las familias antes de la renovación automática para evitar después posibles trastornos, y critica que la prórroga de los conciertos en el ámbito de la discapacidad se pueda prolongar hasta cuatro años. Teniente también ha pedido que las medidas se impulsen cuanto antes con la máxima agilización porque el sector de la discapacidad está "en una gravísima situación".