El Gobierno ha presentado a las administraciones regionales un plan de preparación y respuesta ante los incrementos de la transmisión del virus en el que se contemplan tres escenarios de "cogobernanza" con las comunidades autónomas. El primero consiste en que los gobiernos regionales, tal como han hecho hasta la fecha, tomen las medidas que consideren necesarias, como la mascarilla obligatoria o el cierre de instalaciones o confinamientos. El segundo, en el caso en que un brote afecte a varias regiones, se contempla llevar a cabo una "actuación coordinada sanitaria" con medidas que se aprobarán en el plenario del Consejo Interterritorial de Salud y que serán de obligado cumplimiento.

Y, el tercer escalón, estaría el estado de alarma, un escenario al que el Gobierno espera que no haya que llegar de nuevo gracias a la prevención y detección rápida de casos que ya se está llevando a cabo en algunos sitios y se reforzará con las medidas que incluye el plan.

El objetivo de la nueva estrategia es doble: por un lado, reducir el impacto de la pandemia mediante el fortalecimiento de intervenciones "rápidas, oportunas y eficaces" y, por otro, preparar las capacidades del sistema para hacer frente a un incremento de la tranmisión que pueda derivar en una segunda oleada de coronavirus. En estos momentos, tres semanas después de que decayera el estado de alarma, hay en torno a un centenar de brotes activos con el foco de Lérida a la cabeza en número de casos.

ACTUACIÓN COORDINADA

El Plan establece que las actuaciones de preparación y respuesta deben adoptarse de forma consensuada y coordinada por los distintos agentes implicados en la evaluación y gestión del riesgo. Los aspectos relativos a la gestión estratégica ante amenazas sanitarias se analizan en el Comité de Dirección del Covid-19 creado en el Ministerio de Sanidad y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que es quien acuerda la implementación de las acciones en el conjunto de las comunidades autónomas.

En caso de que se considere necesario adoptar actuaciones coordinadas que afecten a varias comunidades, corresponderá su declaración al Ministerio de Sanidad, previo conocimiento del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud y con audiencia de las regiones directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias de acuerdo con lo previsto en la ley.

RECURSOS HUMANOS Y CAPACIDAD EN LOS LABORATORIOS

El texto establece que las autonomías deben garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública; disponer de planes de contingencia; garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de información para la alerta precoz las 24 horas del día durante los 365 días del año; asegurar la capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica; e identificar de forma precoz y buscar activamente los casos, entre otros.

Asimismo, fija que las comunidades tengan una reserva estratégica de productos necesarios para hacer frente al covid durante un periodo de ocho semanas. Y el Estado dará cobertura al 25% del consumo medio total durante dos meses en lo relativo a equipos de protección individual y productos sanitarios.