El anuncio de la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, sobre cómo se llevará a cabo la desescalada educativa en Extremadura en las próximas semanas ha motivado reacciones de todo tipo por parte de los sindicatos docentes tanto de la pública como de la concertada y de partidos políticos de la región. El más tajante ha sido el sindicato del profesorado PIDE que está en contra de la apertura en este curso y solicita la retirada de la instrucción que obliga a los equipos directivos a abrir los centros a partir del próximo lunes. Anuncia en una nota que presentará una denuncia administrativa ante Trabajo y otra judicial pidiendo medidas cautelares porque «no se garantiza la salud. Es un riesgo innecesario».
ANPE también se mostró crítico aunque tildó de «prudente y sensata» la decisión de no abrir las aulas a los menores de 6 años. Aún así, insiste en que no se deben abrir los centros la próxima semana ni para tareas administrativas ni para ofrecer refuerzos a los alumnos de los últimos cursos de ciclo: «Deben permanecer cerrados hasta septiembre».
Desde CSIF insistieron en que «no es necesaria la apertura de centros para trámites administrativos cuando se han arbitrado otros procedimientos por salud pública» y valoró que se descarte la vuelta para los menores de 0 a 6 años. Por su parte, UGT criticó la postura «unilateral» de la consejería y denunció que no se cumplen las condiciones sanitarias mínimas para la vuelta. «Creemos necesario posponer cualquier actividad presencial hasta septiembre». También la federación de Enseñanza de USO valora negativamente la posibilidad de que se regrese a las aulas en la fase 2 y pide que acabe el curso de manera telemática para todos los estudiantes, sin distinción. Cree que faltan protocolos claros de actuación y «es necesario dotar a los centros de suficiente material y planes».
Oposición
Para el presidente del PP, José Antonio Monago, en las actuales condiciones sería una «auténtica temeridad» reabrir los centros y recordó que el Gobierno regional «no ha explicado todavía en qué condiciones pretende que dejemos a nuestros hijos en los colegios». «Ni los alumnos, ni el personal docente ni el administrativo ni nadie debería verse expuesto al virus porque la Junta no garantiza la dotación de medidas de protección».
Por su parte, Unidas Por Extremadura (UPE) exigió al Ejecutivo regional que articule medidas de conciliación para las familias una vez que se ha decidido no retomar la actividad lectiva presencial durante este curso académico. Su diputado Joaquín Macías lamenta que la consejera no hable sobre la alternativa de conciliación para las familias porque "según se vaya pasando de fases, más personas tendrán que incorporarse a sus trabajos".
