El Gobierno sigue trabajando para armar la nueva propuesta económica y laboral que permita mejorar la situación y minimizar los efectos de la pandemia del covid-19. A las propuestas de regular el teletrabajo y negociar la prórroga de los erte se le suma la idea del ejecutivo de mantener el veto al despido objetivo por causas derivadas del coronavirus, al menos, hasta diciembre de este año.
Según figura en el borrador presentado por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales inmersos en la negociación de prórroga de los erte más allá de finales de este mes de septiembre, la medida de impedir los despidos por motivos asociados a la pandemia (que se recogió en el artículo 2 del real decreto-ley 9/2020 del 27 de marzo) podría seguir vigente hasta el 1 de enero de 2021.
En el texto del decreto se apuntaba que no se podrían entender como "justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido" causas relacionadas con el covid-19. Eso significó un encarecimiento de las indemnizaciones al pasar a ser considerados despidos improcedentes o nulos. Con ello el baremo pasaba de los 20 días por año trabajado a los 33.
Ertes prorrogados
También se recoge en el documento presentado a los agentes sociales una prorroga de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 31 de diciembre y, en los de fuerza mayor, ceñirlos a empresas de una serie de actividades económicas, aún por determinar, así como a compañías de otros sectores pero que demuestren depender de las primeras.
En esta propuesta se mantiene la idea que para considerarse empresa "especialmente afectada por la pandemia" y seguir con un erte de fuerza mayor sin pertenecer a los sectores que se fijen en el texto definitivo, se deberá demostrar que, durante 2019, el 50 % del negocio ha venido de empresas sí incluidas o documentar otro tipo de circunstancias que acrediten esa dependencia.
No se han detallado todavía los pormenores como los esquemas de las bonificaciones que tendrán los ertes, pero la intención del Ministerio de Trabajo es ofrecer un modelo de protección diferencial y "no sectorial", según recoge una nota difundida por la agencia Efe.
Lo que sí se quiere dejar claro en la propuesta es que "el contador a cero" llegará a su fin. Con ello, a partir del 1 de octubre, las prestaciones consumidas por trabajadores en erte sí que les restarían de futuros periodos de desempleo, un aspecto rechazado tanto por la patronal como sindicatos. Del mismo modo se plantea una prestación extraordinaria por fin de campaña para personas con contrato fijo discontinuo afectadas por un expediente temporal.
Actualmente, permanecen afectados por un erte cerca de 800.000 trabajadores del total de 2,5 millones que estuvieron incluidos en algún expediente durante los últimos meses por la pandemia.
