Que la pasada semana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, contestase afirmativamente durante una comparecencia a la pregunta de si el colectivo de enfermeros puede hacer PCR y test rápidos de anticuerpos de SARS CoV-2 ha causado un profundo malestar entre las organizaciones profesionales de técnicos superiores sanitarios que, además de mostrar su rechazo, han pedido una rectificación del ministro.

Estas pruebas «son función exclusiva de los Técnicos Superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico, incluso en el caso de ‘kits point of care’. Es así tanto por normativa sanitaria y laboral, como por imperativo legal», aseguraron en una respuesta conjunta el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), el Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunitat Valenciana y la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios (SETSS). En ella lamentaron también que con estas palabras se fomente un «intrusismo profesional» contra el que llevan combatiendo décadas. «Sus declaraciones en este sentido pueden provocar un repunte de la situación y le instamos a que en la comunicación a los servicios de salud de las comunidades autónomas incida en este aspecto», se argumentó.

«El colectivo de enfermería no puede estar en un laboratorio realizando PCR o haciendo test rápidos, porque no es su competencia, no tienen la titulación necesaria», coincide José Manuel Núñez, presidente del Colegio Profesional de Técnicos Superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico de Extremadura, quien hace una separación clara entre «tareas técnicas y labores asistenciales». Y es en estas últimas, recalca, «donde tiene que estar el colectivo de enfermería, con los pacientes y los enfermos. Mucho mas ahora».

En virtud de esta separación, no se opone a que los enfermeros se ocupen de la toma de muestras nasofaríngeas y sanguíneas para las pruebas diagnósticas de laboratorio de covid-19, porque considera que esta labor entra dentro del ámbito asistencial, pero defiende que a partir de ahí sean los técnicos los que se ocupen del trabajo. «Lo que no pueden hacer es desarrollarlo todo. Ellos extraen la muestra y nosotros realizamos el test y así colaboramos interdisciplinarmente todos los colectivos implicados», sostiene.

Problema que viene de largo

Se trata de una situación de «intrusismo» que se venía produciendo ya con anterioridad a la crisis sanitaria, pero que se ha «acrecentado» con ella. En «muchas pruebas y análisis clínicos se ha estado dedicando al colectivo de enfermería a realizar tareas técnicas», detalla.

Núñez recuerda que no es a las comunidades autónomas sino al Ministerio de Sanidad a quien le «compete» de forma exclusiva decidir cuáles son las funciones que ejerce cada profesión sanitaria. En este sentido, en enero del 2018, la Comisión de Sanidad, Políticas y Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura aprobó una propuesta de impulso por la que se instaba a la Junta a reconocer e implementar las competencias y funciones que establece una orden ministerial de mediados de la década de los ochenta y cubrir de esta forma las plazas de técnicos especialistas del Servicio Extremeño de Salud (SES) con profesionales titulados en Formación Profesional.

Sin embargo, a día de hoy el problema sigue sin haberse solventado. «No estamos hablando de una disposición ministerial de hace seis meses, es que es de 1984», lamenta Núñez, quien asegura que todavía hay profesionales formados en la región que tienen que irse a trabajar a otras comunidades autónomas donde sí se han creado bolsas para su categoría laboral.

En Extremadura quién se encarga de realizar habitualmente las técnicas de diagnóstico del covid-19, precisa el presidente de este colegio profesional, varía de unos hospitales otros. En algunos como los de «Plasencia y Cáceres normalmente son técnicos superiores en laboratorio clínico», pero también hay otros como el de Badajoz «donde no es así y lo hace el colectivo de enfermería».

En la bolsa del SES de técnicos superiores de laboratorio figuran más de un millar de profesionales. En plantilla son unos trescientos, cifra «más que suficiente» para afrontar la realización de estas pruebas, por lo que no destinarlos a ellas genera una situación «contraproducente. Lo que se hace es malgastar dinero público, dedicar unos recursos humanos del colectivo de enfermería a realizar tareas técnicas cuando lo que deben estar haciendo son labores asistenciales».