Las familias de mayores fallecidos o afectados por covid en la residencia El Cuartillo de Cáceres (Asistida) presentaron ayer una querella por vía penal ante los juzgados, para conocer «la verdad de la gestión que se ha llevado a cabo durante la pandemia». Se interpone contra la directora del centro por posible homicidio por imprudencia, sin perjuicio de las responsabilidades que a lo largo de la instrucción puedan apreciarse, en cuyo caso se ampliaría. Según los cálculos de los familiares, constituidos oficialmente como Asociación Damnificados Asistida, han sido 93 los mayores que han muerto en este geriátrico de 320 plazas, dependiente del Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) de la Junta de Extremadura.

El despacho de abogados Pita & Broncano entregó la querella a media mañana de forma telemática. El aumento continuo del número de demandantes ha aplazado su presentación, ya que los protocolos actuales obligan a los abogados a entrevistar una por una a todas las familias en lugar de organizar encuentros colectivos. De hecho, desde el bufete han explicado a este diario que de momento se ha ultimado la querella con 25 afectados para no demorar más la fecha. A otros aún les faltan documentos o poderes, de modo que se sumarán cuando se abran las diligencias. En total hay unos 40 familiares en trámites.

Algunos afectados se reunieron ayer ante los juzgados para respaldar de forma testimonial la presentación de la querella con una copia del registro. «A ver si de este modo podemos saber qué ha ocurrido en la Asistida, porque ninguna institución se ha puesto en contacto con nosotros», lamentó ayer Javier García, presidente del colectivo. «Ni siquiera nos informan del número exacto de fallecidos. No sabemos qué pretenden esconder, pero por la dignidad de los mayores necesitamos saber cómo se ha gestionado la pandemia. Los juzgados son nuestro único recurso», subrayó.

La asociación también ha enviado nueve solicitudes de información pública a la Asamblea de Extremadura para que sean formuladas en la Comisión no Permanente de Estudio sobre la Pandemia. Cada una de ellas incluye una batería de preguntas sobre la gestión del centro, las protecciones, el movimiento de ancianos o las secuelas de los afectados.

Además, las familias han requerido a la Asamblea un informe de «todo lo abordado, indagado y averiguado» en esa comisión. También están pendientes de las solicitudes que han remitido al Defensor del Pueblo, que a su vez ha requerido con «urgencia» a la Consejería de Sanidad la información que reclaman.