Si nadie lo remedia, el Teatro Romano de Sagunto (Valencia) deberá volver en 17 meses al estado anterior a la polémica reforma que, a principios de los años 90, convirtió unas ruinas que estaban en un pésimo estado de conservación en un espacio apto para la representación de espectáculos. La intervención supuso cubrir las gradas con placas de mármol y levantar un muro escénico que el Tribunal Supremo ha ordenado derribar porque, según la ley de patrimonio de 1985, suponen "una reconstrucción sobre ruinas auténticas".

Los daños que pueden causarse ahora, tanto al monumento como a la economía y la imagen de la ciudad, han movilizado a todos los partidos, menos el PP, contra la sentencia. Ayer un grupo de 1.100 personas de la cultura y el arte firmaron un manifiesto con el que se suman al clamor. Entre los firmantes destacan Concha Velasco, Rosa Maria Sardà, Emma Suárez, Juan Echanove, José María Pou y Mercedes Sampietro, los cantantes Joan Manuel Serrat y Ana Belén y el director de cine Bigas Luna.

17 AÑOS DE LITIGIO El derribo forzoso es el final de un litigio de 17 años emprendido por el abogado Manuel Marco Molines contra el proyecto de restauración de los arquitectos Grassi y Portaceli. El PP de Zaplana utilizó la polémica como arma de desgaste contra el gobierno socialista de Joan Lerma, impulsor del proyecto, y colocó a Marco Molines en las listas de su partido. Tras la victoria popular de 1995, Zaplana se olvidó de revertir la obra y prosiguió con el nuevo uso cultural del teatro.

Por eso el manifiesto denuncia este uso "partidista" y la creación de "una falsa polémica" que ataca a "la libertad de creación" al llevar a "una obra artística a los tribunales". También advierte de que "se privará de un espacio cultural a los ciudadanos", que habrán de pagar, además, los más de seis millones de euros de coste.