El Tribunal de Cuentas de Venecia (Italia) ha condenado al arquitecto Santiago Calatrava a pagar una multa de 78.000 euros en concepto de "perjuicios fiscales" por el incremento de los costes de la construcción del Ponte della Costituzione ("puente de la Constitución"), el polémico cuarto puente sobre el Canal Grande que cruza la capital del Véneto.
Desde el primer momento, la construcción del puente fue objeto de mucha controversia ya que no contemplaba el acceso para personas con movilidad reducida y sobretodo porque su coste superó con creces el presupuesto inicial, que era de 7 millones de euros. El coste final ascendió a casi 12 millones, ya que ni se calculó bien el tamaño de algunos tubos, ni la resistencia los escalones de cristal. Estos ultimos tenían que durar como mínimo 20 años, pero desde muy pronto se empezaron a desgastar, lo que exigió costosas reparaciones.
Además, desde un principio, numerosas personas sufrieron caídas y resbalones, sobretodo en los días de lluvia, lo que obligó al Gobierno municipal a desembolsar una importante cantidad de dinero en conceptos de indemnizaciones.
El Tribunal de Cuentas lo ha calificado de "negligencia macroscópica" y han acusado a Santiago Calatrava de ser el culpable del aumento de los costes, a pesar de que en 2015, el mismo tribunal absolvió al arquitecto de un supuesto delito de sobrecostes.
