Un año después de la entrada en vigor de la comisión de la propiedad intelectual (creada al amparo de la ley Sinde) el Gobierno ha decidido incrementar la lucha contra la piratería. Eso debería haber cosechado el aplauso de las entidades de gestión (defensoras de los intereses de los creadores). Sin embargo, estas atacaron duramente al Ejecutivo porque la ambiciosa reforma legislativa aprobada ayer en el Consejo de Ministros deja en la mínima expresión el concepto de copia privada, una de las fuentes de ingresos de las entidades. La reforma gubernamental, además, propone un exhaustivo plan de control y sanciones para evitar casos como el vivido en la Sociedad General de Autores en el 2001, cuando se destapó un masivo desvío de fondos.

A FINAL DE AÑO Antes de analizar la reforma de la ley de propiedad intelectual, es necesario recordar que no entrará en vigor de manera inmediata. El Gobierno del Partido Popular abre ahora un periodo de consultas con las comunidades autónomas y con otras instituciones. Después, el texto irá para su posterior debate al Congreso y el Senado. Conclusión: la reforma entrará en vigor, a finales de año.

Hasta ahora, si una entidad de gestión quería interponer una denuncia ante la comisión de la propiedad intelectual podía incluir un máximo de cinco contenidos pirateados. Cuando la reforma entre en vigor, se podrán realizar denuncias mucho más amplias. Por ejemplo, una discográfica podrá iniciar un solo procedimiento contra una página web que aloje (ilegalmente) todo su repertorio musical. Para explicarlo de otra manera: no tendrá que ir canción por canción sino que podrá hacer una denuncia única.

Otro de los problemas que criticaban las entidades de gestión era la imposibilidad de identificar a la web pirata. La nueva norma, que también modifica la ley de enjuciamiento civil, pretende que sea mucho más ágil identificar a quien pone a disposición de otros (sin permiso) libros, películas, discos o videojuegos protegidos por los derechos de autor. Según se puede entender de la norma, el Gobierno pondrá en el punto de mira a las páginas de enlaces. Es más, con el objetivo de identificar rápidamente se podrá pedir la colaboración de intermediarios. Es decir, el Ejecutivo estará capacitado, por ejemplo, para lanzar serias advertencias a las empresas que se anuncian en ese tipo de páginas. Incluso, podrá prohibir dicha publicidad.

Si alguna web pirata desoye los requerimientos de la Administración para retirar la película, el disco, el libro o el videojuego denunciado, tendrá sanción. La multa también llegará si la web retira el contenido denunciado pero lo vuelve a incorporar. Las multas irán desde los 30.000 euros a los 300.000.

LA COPIA PRIVADA La reforma reduce a la mínima expresión el concepto de copia privada, una de las fuentes de ingresos de las entidades de gestión. El Gobierno mantiene una partida en los Presupuestos Generales del Estado (5 millones de euros frente a los 115 anteriores que salían de los fabricantes de tecnología) pero redefine el concepto de copia privada y convierte en ilícito todo lo que no sea hacer una copia desde, por ejemplo, un disco original. El nuevo concepto de copia privada pega tal revolcón con la nueva normativa que a partir de ahora también podría ser ilícito el intercambio de ficheros a través de las redes P2P.

Para evitar casos como el de la SGAE, donde en el 2001 se destapó un desvío de fondos que hizo que cayera el todopoderoso Teddy Bautista, el Gobierno lanza un plan para vigilar las entidades de gestión, que deberán difundir sus tarifas y sus criterios para imponerlas. Las multas supondrán el 2% de sus ingresos anuales.