Si fuera un escritor de Estados Unidos, nadie duda que se hubieran levantado tres estados y parte de México para encontrar sus restos. El abogado memorialista Eduardo Ranz cuestiona los esfuerzos de la administración andaluza (en manos del PP y Cs con apoyo de Vox) a la hora de cumplir con la Ley de Memoria Histórica en relación con los restos del poeta Federico García Lorca, ya que el último intento de investigación sobre el paradero del escritor, asesinado en Alfacar junto al maestro republicano Dióscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, lleva paralizado desde 2018. Ahora, junto a la nieta de Galindo, ha presentado una denuncia en el juzgado de Granada para pedir que se reactive esa búsqueda pero también restituir una deuda moral: que el certificado de defunción del poeta deje de registrar el fallecimiento como hecho de guerra.
La modificación en el Registro Civil es independiente del largo proceso de búsqueda, hasta ahora sin éxito, explica Ranz, uno de los principales impulsores de la exhumación de víctimas del franquismo en Cuelgamuros. De hecho, el letrado recuerda que ya existe un precedente en el Valle de los Caídos, cuando también gracias a una denuncia civil, un juzgado aceptó reabrir la investigación para buscar los restos de los hermanos Lapeña, los militantes aragoneses de la CNT cuyos restos fueron trasladados sin consentimiento de los familiares tras su ejecución y que aún esperan ser exhumados. El auto judicial recogió además que el Registro Civil debía inscribir las circunstancias de la muerte y dejar constancia de que no hubo juicio con condena a pena de muerte, un logro fundamental para las reivindicaciones de los deensrores de la memoria histórica.
